Una demanda de indemnización de perjuicios por 112 millones de pesos en contra del Estado de Chile, representada en Magallanes legalmente por el abogado procurador fiscal de Punta Arenas, Michael Wilkendorf, interpuso el comerciante Idelfonso Villarroel,...  investigado por la Policía de Investigaciones como principal sospechoso de la supuesta extorsión que sufrieron tres empresarios regionales.
La demanda está patrocinada por el abogado Óscar Gibbons Munizaga, en base a varios episodios y situaciones difíciles que su cliente debió soportar en el marco de las indagaciones policiales.
El 21 de julio de 2009 Esteban Guic Sesnic recibió en su oficina de calle Jorge Montt una carta en la cual se le amenazaba de muerte a él y a otros dos empresarios (José Marín Antonín y Pedro Sánchez Barría), si es que no entregaban la suma de $ 27.000.000, amenazando también a sus familias y dando instrucciones acerca de cómo debían hacer la entrega del dinero.
Guic concurrió a la PDI a estampar la denuncia por amenazas, la cual fue comunicada al fiscal adjunto Eugenio Campos Lucero.
El demandante deja constancia de que, inserto en la investigación, se efectuó un operativo consistente en efectuar la entrega del dinero en el lugar indicado en la carta amenaza, un contenedor de basura domiciliaria ubicado en calle Arauco, vigilando el lugar con varios “anillos de seguridad”. Ocurrió que el junior de una empresa del sector (Minera Isla Riesco) propietario del contenedor de basura, retiró las bolsas con el dinero, frustrando la investigación. Los detectives informaron que mientras esperaban a que el autor de las amenazas retirara el dinero, observaron que una camioneta marca Chévrolet, modelo Montana, color rojo y gris, doble cabina, en reiteradas oportunidades recorrió los alrededores del punto en el cual se iba a realizar la entrega del dinero.
“Posteriormente, determinaron que el dueño de dicha camioneta sería el suscrito (Idelfonso Villarroel), quien supuestamente tendría antecedentes policiales. Consultaron a José Miguel Marín y éste señaló que me conocía y que sin duda yo era el autor de la carta amenaza”.
“Trato vejatorio”
“Desde entonces la investigación se dirigió exclusivamente en contra de mi persona, interceptándose mi teléfono celular, además del de mi hijo Manuel Villarroel Núñez. Se envió una funcionaria de investigaciones a Puerto Varas, donde resido hace más de tres años, la que organizó un equipo de vigilancia sobre toda mi familia y, luego, allanó a las cinco de la mañana mis propiedades, sometiéndonos a un trato vejatorio que alcanzó incluso a mi madre de más de ochenta años y a mis nietos”.
Villarroel, a través de la demanda, denuncia que “se nos incautaron computadores personales y notebooks, incluso los de familiares míos que viven en Punta Arenas, como mi suegro, quien lo usa en el establecimiento comercial ‘Carnicería Villa Olvido’, además del de mi sobrina quien lo usa para estudiar su carrera universitaria”.
“Luego del allanamiento se me condujo a las dependencias de la Policía de Investigaciones de Puerto Varas, donde se me interrogó durante más de ocho horas seguidas, sin proporcionarme alimento o bebida alguna, sin siquiera permitirme aliviar mis necesidades fisiológicas”.
Villarroel dijo que todo el tiempo se declaró inocente y dispuesto a cooperar en todo lo que pudiera. “Incluso ofrecí que a mi camioneta se le hicieran todo tipo de pericias. En especial exigí que se investigara si acaso sus placas patentes habían sido removidas o reemplazadas de algún modo. Y nada de esto se hizo”.Mas información en edición escrita de el Pingúino.