
Esto logra que se reconozcan los derechos a recibir educación, lo que permitiría decidir sobre los diversos métodos anticonceptivos que existen. Lo que se quiere lograr es transmitir los diversos métodos de anticoncepción que existen, para así lograr disminuir la cantidad de infectados con algún tipo de enfermedad sexual.
Asimismo, reconoce el derecho a elegir y a acceder a los métodos de regulación de la fertilidad femenina y masculina. Además de establece el deber de los órganos de la administración del estado competentes en la materia, de adoptar las medidas que garanticen el ejercicio de dichos derechos.
Deberán, también, poner a disposición de la población los métodos anticonceptivos, tanto hormonales – incluidos los de emergencia como no hormonales (naturales y artificiales).
Si se da el caso en que la persona que pida la pastilla sea menor de 14 años el profesional deberá entregar el medicamento pero al mismo tiempo tendrá el deber de informar a los padres sobre el procedimiento hecho.
En este contexto, la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carmen Andrade, sostuvo que esta ley, “es un avance más en los derechos de las mujeres chilenas, respeta las convicciones y creencias de cada cual”.
Desde 1967 se impulsan políticas de salud en materia de fertilidad que han permitido que muchas mujeres lograran mayores niveles de escolaridad y una creciente participación laboral. Dichas políticas permitieron también reducir las tasas de mortalidad materna e infantil, una progresiva superación de la pobreza femenina y, en definitiva, que las mujeres alcanzaran mayores niveles de autonomía e independencia.