Desde el viernes pasado he leído sólo escuetas declaraciones y también más de una ofensa contra el Servicio Electoral a propósito de la supresión de siete partidos políticos en Chile (esto conforme a lo dispuesto en la ley 18.603) y que, pese al natural desconsuelo de los afectados, indica que los partidos Comunista de Chile, Humanista, Ecologista, Fuerza País, Izquierda Cristiana de Chile, Chileprimero y Movimiento Amplio Social (más conocido como MAS), han incurrido en la causal de disolución.
Por aberrante, incomprensible o antidemocrática que le parezca la medida a Guillermo Teillier, Presidente del PC y a Alejandro Navarro, miembro del MAS, lo cierto es que las disposiciones legales vigentes (y sus plazos) dejan con pocas alternativas a los afectados y si bien me parece razonable la pretensión de realizar un debate más profundo sobre la materia, el tiempo es implacable y corre en contra de estas siete organizaciones.
En el pasado, el Partido Radical se vio en la misma situación y gracias a un acuerdo político amplio, se logró modificar la ley a fin de que el número de parlamentarios electos por dicha tienda bastaran para mantenerse vigentes. Quizás sea este el camino que intentarán replicar los señores comunistas a fin de reducir aún más la cantidad de parlamentarios que homologuen aquel 5% de apoyo electoral requerido para ser reconocidos como partido.
En el peor de los casos, los tres Diputados comunistas estarán un tiempo como independientes o, menos probable, logren a tiempo materializar fusiones con otras fuerzas políticas. Sería el caso de la Izquierda Cristiana, por contradictorio que suene, o el MAS, que ya han participado entre si de otros acuerdos en el pasado.
Otro actor muy interesado en ver cómo resolverán esta situación los partidos abolidos es el ex candidato a la presidencia de la República Marco Enríquez-Ominami. Sabido es que sus energías se encuentran consagradas a la búsqueda de ciudadanos para constituir un nuevo partido (aún sin nombre), por lo que no es descabellado suponer que entre los desconsolados la opción de sumar fuerzas con MEO despierte simpatías. Esta situación podría abrir una nueva arista en las ya deterioradas relaciones entre los partidos de la Concertación, ya que si bien ellos no corren el riesgo de caer en “default”, no por ahora, sí representa una amenaza para su anunciada reestructuración el surgimiento de un (o varios) nuevo (s) bloque (s) político (s).
Seguramente la discusión por estos días se centrará en la “injusta posición de los chicos” para competir, pero prudente sería además que en el dialogo se incorporen impresiones congénitas a la ley hoy cuestionada, que a mi juicio, tiene que ver con garantizar la estabilidad política del país y no precisamente cerrar las puertas de la democracia como intentan caricaturizar algunos. Atentos debemos estar además al discurso que adoptará el PC para reclamar por esta situación, porque el clásico “no nos dejan competir” sonaría un tanto contradictorio considerando que sus parlamentarios fueron electos al alero de un pacto político electoral con la Concertación.
Para finalizar y ya que la pasada elección demostró que con ideas y decisión las cosas igualmente caminan, me gustaría mencionar que el mismo día que se publicó en el Diario Oficial la resolución que determina la cancelación de estos siete partidos, el Servicio Electoral publicó otro oficio anunciando la cantidad mínima de ciudadanos que se necesitan para constituir un partido político. Dichas cifras no son iguales para cada región, pero para quienes proyectan su campo de acción en todo el territorio nacional, estamos hablando de 36.317 personas que firmen su adhesión y que, por supuesto, estén inscritas en los registros electorales.
Por consiguiente, la pregunta que cae de madura es: ¿Cuántos del 1.396.655 simpatizantes que votaron por Marco Enríquez-Ominami seguirán sintonizando con él y estarían dispuestos a acompañarlo nuevamente?. Matemáticamente se ve fácil, pero...