El anuncio de Sebastián Piñera de convocar en su próximo gobierno a los mejores - entre los que se incluirían figuras de la Concertación y de otros sectores que no apoyaron su candidatura-, ha generado toda una controversia. En una etapa en que se consolidan los liderazgos que dirigirán la futura oposición, la visibilidad que tendría un ministro concertacionista en el próximo gabinete representaría una amenaza para las actuales y futuras próximas directivas. Las pugnas internas, la búsqueda de las causas de la derrota electoral y el clamor ciudadano de renovación política ya establecen de por si un difícil escenario dentro de los partidos oficialistas. La aparición de nuevos liderazgos sólo produciría un mayor desorden, creando nuevas facciones y debilitando las próximas autoridades partidarias, en especial si se trata de personeros que encarnan posturas más moderadas, demuestran resultados más eficientes y se manejan con mayor flexibilidad en la arena política.
Precisamente todas estas malas prácticas -en que se privilegian los intereses partidistas por sobre el desarrollo del país- fueron castigadas en la última elección presidencial. La creciente incapacidad de la Concertación para renovar contenidos y procedimientos en torno a un proyecto de futuro, sumada a la escasa participación ciudadana, las decisiones autocráticas y los mecanismos poco representativos, hicieron que una mayoría social -antes que política- optara por el cambio.
Confirmando esta idea, en la reciente carta de navegación para el conglomerado, “La Concertación Ciudadana”- redactada por cuatro dirigentes: Carolina Tohá, Ricardo Lagos Weber, Óscar Landerretche y Claudio Orrego-, sus autores señalan que “las soluciones las tenemos que encontrar en forma colectiva, participativa e inclusiva, y esto requiere de una reforma política profunda de nuestra coalición”. Pero de acuerdo a los últimos dichos de las cúpulas de sus partidos, pareciera que lo que es bueno para la Concertación no lo es para el país en general.