Una mujer que sustrajo caudales públicos del Servicio de Bienestar de la Armada de la Región  de Magallanes por 12 millones de pesos fue condenada ayer, tras admitir su responsabilidad en todas las estafas que cometió mientras fue cajera de dicha repartición pública.
El fiscal que investigó el caso, Felipe Aguirre Pallavicini, acusó a Jessica de Lourdes Díaz Vargas de ser autora de una “malversación de caudales públicos” y la responsabilizó de cometer 57 veces estos delitos.
En su calidad de cajera tenía, entre otras funciones y obligaciones, la recaudación de dineros que ingresaban a dicho servicio, recibiendo los pagos efectuados por terceros en beneficio de la señalada repartición,... “como asimismo la custodia, depósito y rendición oportuna de dichos fondos”, según la acusación que el fiscal presentó en contra de la imputada.
Según los resultados de la investigación, “durante el periodo comprendido entre los meses de junio del año 2003 y hasta el mes de abril del año 2007, procedió en distintas ocasiones a sustraer dichos caudales”. En su calidad de cajera recibía pagos en dinero en efectivo, de los cuales se apropiaba no emitiendo el respectivo comprobante de ingreso. Estas maniobras la imputada las llevó a cabo en 57 ocasiones.
Luego, para mitigar financieramente el monto de lo sustraído, Jessica Díaz Vargas entregó al Servicio de Bienestar de la Armada un cheque por la suma de siete millones de pesos. En sus declaraciones la mujer admitió que comenzó con estas maniobras el año 2005, “pero la investigación permitió establecer que los delitos los cometió a partir del año 2003”, dijo el fiscal Aguirre.
Para el Ministerio Público estos hechos configuran “una reiteración de delitos de la misma especie”.
El monto total de lo malversado asciende a la suma total de 12 millones de pesos. Inicialmente la fiscalía pedía que la imputada fuera condenada a 10 años de cárcel como autora de los delitos de malversación de caudales públicos, en carácter de reiterados, en grado de consumado.
Ayer Jessica Díaz Vargas optó por el procedimiento abreviado, “lo cual quiere decir que aceptó todos los hechos de la acusación, es decir que malversó fondos desde el 2003 al 2007, y todos los antecedentes de la acusación, como los informes periciales contables del Laboratorio de Criminalística, donde se establecieron los montos y los mecanismos que utilizaba para sustraer los fondos”.
Como la “bicicleta”. Esto quiere decir que iba dejando ciertos pagos en calidad de no cancelados, y los dineros de esos compromisos se los guardaba para ella. Luego, con otros dineros que ingresaban, iba pagando las deudas que iba dejando en calidad de morosa.
Cuando el Bienestar de la Armada investigó por qué tantas personas aparecían en calidad de “morosas”, logró establecer que todas habían cancelado, descubriéndose el fraude de la mujer.
La fiscalía pidió finalmente que Díaz Vargas sea condenada a cinco años de cárcel y al pago de una multa. La sentencia se dará a conocer el próximo 17 de marzo.