Todos aquellos que se aprovechaban de los ancianos agrediéndolos física o sicológicamente sólo por ser indefensos, desde ahora deben saber que ya se promulgó una normativa que sanciona a quienes atentan contra la integridad de la población más adulta de la sociedad. Se trata de la Ley Contra el Maltrato a las Personas Mayores, que, tras ser anunciada por la Presidencia de la República, será publicada en el Diario Oficial.
Este cuerpo legal que protege a las personas en edad avanzada y que se encuentran en una etapa de la vida que requiere de cuidados especiales que involucran las buenas prácticas de parte de todos los habitantes, entregará a éstas una serie de beneficios y garantías. En lo global, defenderá todos los derechos de este sector de la ciudadanía apuntando también, a la prevención del abuso económico y patrimonial, aspectos que no tienen cobertura en las leyes que rigen actualmente, lo que permitía la acción irresponsable y dañina de gente cercana a los abuelos.
Apenas la normativa comience a regular todas estas prácticas, los inescrupulosos que comentan delitos contra sus parientes mayores directos a través de hurtos, daños y defraudaciones serán sancionados. Muchos hasta el día de hoy realizan libremente este tipo de actos, sin tener ningún tipo de responsabilidad penal.
La ley, que debería comenzar a regir este año, también contempla un espacio que busca albergar a todos los adultos mayores que viven en soledad, con bajos recursos y en total desamparo. Esto, a través de una medida especial de protección para estas personas que dota de facultad al Tribunal de Familia para gestionar cuando considere necesario la internación del afectado en un centro de larga estadía reconocido por la autoridad del ramo.
Asimismo, los que se aprovechen de la condición de otros más desvalidos para apropiarse de los bienes o usuftuctuar las pensiones por medio del exceso de confianza o lo que es peor, mediante engaños, también serán sancionados por la justicia.
Otra de las normas aprobadas a partir de esta ley, es aquella donde las autoridades pertinentes advierten la existencia de una situación de alto riesgo y a partir de eso comprueban que una persona en edad avanzada y que es dueña de un lugar donde reside es expulsada de sus dependencias para ser relegada a otros lugares de carácter secundario, se les restringe o bien, se les impide el normal desplazamiento por el espacio que le pertenece.
De esta forma, dos millones 100 mil 378 ancianos, que representan el 13.1% de la sociedad chilena, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), serán los beneficiados con la iniciativa. Sin embargo, hasta antes de la creación de la normativa muchos de ellos han resultado afectados por abusos e incluso, hasta algunos han perdido la vida en el más absoluto silencio.
La importancia de contar con una ley que respalde y garantice el bienestar de los mayores era sumamente necesaria, aún más tomando en cuenta los estudios que dicen relación con el aumento de la población mayor y que llegaría a las cuatro millones de personas.
La difícil realidad que hoy viven algunos mayores en Chile, también refleja lo que sucede en Magallanes, región que supera los índices nacionales en cuanto al porcentaje de ancianos existentes en el territorio nacional. Según las estadísticas, un 14,5% de los adultos mayores pertenecen a esta región, superando la media establecida a nivel país.
La directora regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor, Paola Fernández, celebra este nuevo proceso legal recalcando lo importante que será la posibilidad que tendrán las entidades competentes de intervenir y poder ayudar a quienes se convierten en víctimas de los hechos antes mencionados.
A su vez, se mostró satisfecha por el logro establecido, recordando la protección que se brinda hoy en día tanto a los menores de edad como a los adultos y los discapacitados, no llegaba hasta la población de mayor edad, quedando en el completo desamparo en temas como, por ejemplo, los casos de  violencia intrafamiliar (VIF).
La representante de la secretaría en Magallanes, acotó a Diario El Pingüino que la aprobación de la iniciativa contempló un largo proceso de análisis y discuciones. Además, no dudó en expresar que la medida ataca directamente a aquellos que buscan apoderarse de los bienes patrimoniales de sus parientes cercanos, criticando que en la mayoría de los casos se trata de personas pertenecientes a familias de estrato socioeconómico alto.