Luego de años de espera y cuando por fin se les había otorgado una solución a los jubilados del 4% histórico, gracias a la cual recibieron dos millones de pesos, la Contraloría General de la República confirmó tras un exhaustivo peritaje que todo el proceso compensatorio... se realizó de manera inconstitucional, ya que los parlamentarios debieron haber aprobado la iniciativa para que se pudiese efectuar, algo que nunca ocurrió.
Según el documento emitido por el organismo gubernamental, el Programa Especial Universidad de la Vida se efectuó con una serie de vicios e irregularidades que hizo concluir a la entidad que se debe realizar un sumario administrativo en contra de la intendencia regional y del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec).
Eso significa que las máximas autoridades regionales del gobierno anterior, Eugenia Mancilla y Mario Maturana,  deberían ser objeto de esta investigación, al igual que la directora regional de Sercotec, Iris Vásquez, quien afirmó que tiene toda la voluntad de aportar en lo que la contraloría le solicite. “La información que se requiera la entregaremos sin ningún problema. Nosotros estamos dispuestos a cooperar en lo que se nos pida porque tenemos la seguridad de que actuamos como se debía”, aseguró.
Pero ellos no serían los únicos involucrados, los seremis de Gobierno; Eduardo Barros, de Trabajo; Claudio Faúndez y de Hacienda, Rodrigo Aicón, que se desempeñaron en época en que se suscribió el programa, también serían incluidos en el sumario administrativo.
Este último manifestó que no conoce detalladamente el documento por lo que “prefiero no emitir ningún comentario”, expresó.
Pero esto no ha causado inquietud sólo en las ex autoridades, los jubilados también debieron volver a reunirse con su abogado para estudiar de manera detenida la resolución emanada desde la Contraloría General.
“Es un tema complejo, que tenemos que evaluar muy bien. Que se haya llegado a la conclusión de que todo lo que hicimos fue inconstitucional, es delicado”, expresó escuetamente la dirigenta de los pensionados, Margarita Drpic.
Financiamiento
El manejo del dinero otorgado para la realización de proyecto Universidad de la Vida fue uno de los puntos que el organismo estatal quiso evaluar y donde se encontró con varias irregularidades.
El pago a las 934 personas y los costos de todo el programa se habrían cubierto con $ 2.195 millones 856 mil 854, que la contraloría habría confirmado; sin embargo, se destinaron
$ 2.383 millones 260 mil para la ejecución del programa. Lo que arroja alrededor de $ 200 millones sin paradero conocido.
Los dos millones que se le canceló a cada pensionado dependía de su concurrencia a la capacitación que se entregaba en la Universidad de la Vida, y de la generación de una idea emprendedora.
No obstante, se encontraron irregularidades en la asistencia de los beneficiados, en el cobro de personas que poseen ayuda excluyente respecto de ésta, entre otros casos.
Finalizada la investigación, el objetivo de la Contraloría General de la República es resarcir el menoscabo patrimonial que significó el gasto de estos capitales al margen de la ley, por lo que no se descartaría la exigencia del regreso de los dineros, algo ilógico según los jubilados.