
Las personas con discapacidad auditiva dejaron en evidencia un problema no abordado por las autoridades de nuestro país, relacionado con el sistema de alarmas utilizadas en casos de catástrofe, y la obligación que tiene el estado de utilizar la lengua de señas en la información que se entrega a la comunidad sorda, como se expresa en el artículo 11 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Dicho tratado establece que los Estados adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas posibles para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y desastres naturales.
El acto contó con la participación de Sylvana Díaz, encargada del área de discapacidad del municipio y Francisco Ruiz, director de la Dideco.