El diputado oficialista por la provincia de Santa Cruz en Argentina, Alejandro Victoria, impulsa un proyecto de ley para poner restricciones a las empresas que incluyan trabajadores que no pertenezcan a esta zona.
En la iniciativa parlamentaria, se pone como tope un 70% de trabajadores con residencia en Santa Cruz, por sobre 30% de otras jurisdicciones provinciales. Pero esta brecha podría ampliarse a un 80%, según expuso el mismo Victoria. Sin embargo, el proyecto actualmente estaría siendo reevaluado, debido a que la norma que le pone un tope a las empresas de trabajadores no santacruceños, podría ser considerada inconstitucional. Victoria señaló que se podría avanzar en convenios con las pesqueras, mineras o petroleras, como se hace hasta el momento en otras localidades, pero que, a su modo de ver, aprobar la iniciativa tal cual está, podría ser un error. “Es un tema que va a tener previo un debate en el bloque” y añadió que allí cada uno de los legisladores “pondrá postura al respecto” y recordó sus manifestaciones públicas, donde se inclinaba por considerar que se estaría violando la Constitución Nacional.
Constitución
El mayor obstáculo que encuentra este proyecto es la Carta Magna que expresa en su artículo 16, lo siguiente: “La Nación Argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento: no hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Todos sus habitantes son iguales ante la ley, y admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad es la base del impuesto y de las cargas públicas”.
Pero por otra parte, también lesiona el artículo 14 bis, como así también el artículo 8, que sostiene: “Los ciudadanos de cada provincia gozan de todos los derechos, privilegios e inmunidades inherentes al título de ciudadano en las demás…” o el Nº 10 que expresa: “En el interior de la República es libre de derechos la circulación de los efectos de producción o fabricación nacional, así como la de los géneros y mercancías de todas clases”.