La acusación que el fiscal Eugenio Campos presentó el 31 de marzo en contra de una mujer, por el delito de aborto consentido, derivó en una denuncia que ayer presentó la joven en contra del equipo médico que la atendió a su ingreso a la Clínica Magallanes, por “violación del secreto profesional”; y del entonces fiscal de la causa, Juan Agustín Meléndez (hoy fiscal regional), por estimarlo responsable de una falta administrativa, “por haber obtenido evidencia en forma ilícita”.
La solicitud la hicieron los abogados de la imputada, José Andrés Alarcón y Roberto Fasani Puelma (en la fotografía), a partir de que entendían vulnerados los derechos constitucionales de su clienta debido a que, según el parecer de los juristas, “los estados de salud representan datos confidenciales de un paciente”. De ahí la denuncia de la mujer en contra del equipo médico y del fiscal Meléndez, en contra de quien persigue una sanción administrativa.
Ayer, durante la audiencia de preparación de juicio oral, donde estaba presente el fiscal jefe Felipe Aguirre y el fiscal de la causa Eugenio Campos, mantuvieron los términos de la acusación por el delito de aborto consentido. Mientras que la contraparte, los abogados defensores, solicitaron la exclusión de algunas pruebas del Ministerio Público por considerarla “evidencia ilícita” porque, según ellos, los doctores tienen la obligación de denunciar hechos que puedan configurar el carácter de delito, pero no informar más que eso.
Sin embargo, el fiscal Aguirre planteó que lo que se pidió fue información y antecedentes de la “víctima” (el bebé).
Al final, el juez Jaime Álvarez Astete fue categórico en resolver que la fiscalía no cometió ningún tipo de infracción constitucional, sino que actuó acorde al mandato que le confiere la ley.
En cuanto a la solicitud de la defensa, de excluir el testimonio de los peritos y del equipo médico que atendió a la joven, el magistrado rechazó dicha petición. Al igual que la petición del fiscal, que solicitaba dejar fuera el informe de la defensa donde queda constancia de que la joven es una destacada deportista, seleccionada de gimnasia rítmica, y becada. Para la defensa esta es una prueba importante, porque les ayudará a sostener en el juicio la teoría de que la mujer abortó por una excesiva práctica de deporte.
Acusación
Según la acusación judicial del fiscal Campos, el 5 de octubre de 2008 ingresó a la Clínica Magallanes una paciente que presentaba un estado de embarazo, dolores abdominales y sangramiento producto de ingerir medicamentos que tienen propiedades abortivas, “producto de lo cual debió ser intervenida médicamente con el objeto de revertir el trabajo de aborto, constatándose que el feto ya no tenía latidos”. La autopsia corroboró que se trataba de un feto de sexo masculino de una edad gestacional de unas 17 semanas.
La fiscalía está solicitando para la imputada una pena de tres años y un día de presidio. Mientras que la defensa se la jugará en el juicio por la absolución de la joven.