Hasta la fecha, el Departamento de Inspecciones del municipio ha notificado en la comuna de Punta Arenas 839 de estos espacios.
Para nadie es desconocido el peligro que revisten los sitios eriazos ubicados en las zonas urbanas de Punta Arenas, los que muchas veces se convierten en el paso obligado de transeúntes que se dirigen a sus casas después del trabajo.
Es muy frecuente, por ejemplo, encontrarse con grupos de personas bebiendo o drogándose en estos lugares, como a su vez, con indigentes que andan en busca de refugio quienes, producto del frío, comienzan a prender fuego en medio de los matorrales y provocan incendios de pastizales.
También es muy común que la gente vea en estos sitios un terreno ideal para depositar desechos y muebles deteriorados, los que permanecen allí por un largo tiempo llegando a transformarse en verdaderos microbasurales.
A raíz de todos estos riesgos a los que se exponen diariamente los vecinos de poblaciones aledañas a estos recintos, las autoridades municipales hicieron un llamado a los dueños de estos terrenos baldíos de la comuna a llevar a cabo su cierre perimetral de manera que se evite el libre acceso de personas por tales sectores y así disminuyan muchos de los problemas asociados a esta realidad como posibles violaciones y suicidios, drogadicción, alcoholismo, incendios, basura, entre otros.
Es por ello que el concejal José Saldivia, encargado regional de seguridad ciudadana del municipio señaló que “no hay ningún sitio eriazo que no le cause molestia al entorno, sobre todo porque en muchos de estos lugares han crecido los matorrales y se prestan para cualquier otra situación”.
En ese sentido, afirmó que, legalmente existe la obligación por parte del propietario de cerrar su terreno por lo que el tema de evitar los peligros que revisten estos recintos, ya están fuera del alcance del municipio.
“El Departamento de Inspecciones tiene instrucciones aquí en la municipalidad a objeto de que cualquier sitio eriazo que esté sin los debidos cierres sea, primero notificado y , en segundo lugar, ya no una notificación, sino la sanción respectiva de lo que significa poder mantener un sitio abierto con todos los peligros que esto reviste”, precisó Saldivia.
El plazo que se les brinda a los propietarios, por lo tanto, después de la advertencia que hace la inspección municipal y según la ley general de urbanización y construcciones, debe ser no inferior a seis meses posterior a su adquisición. Si esa prórroga no se cumple, el municipio procede a realizar el cierre correspondiente.
Para el director subrogante del Departamento de Inspecciones de la Municipalidad, Jorge Anticevic, la situación para ellos suele tornarse incontrolable porque la mayoría de los hechos suceden en horarios nocturnos, lo que, sumado al lento proceso de fiscalización de los cierres, hasta la fecha son 839 los sitios notificados, dificulta que se evite estos problemas.
Así es como también apeló a la importancia que adquieren los vecinos al momento de denunciar estos acontecimientos, pues en variadas oportunidades y estando ya cerrados algunos sitios, igualmente personas rompen los cercos o se los roban.
“El control es bien complicado, por eso le pedimos a la gente que nos colabore”, indicó Anticevic.