En un par de semanas se cumplirá un año desde que los profesores realizaron una de las movilizaciones más extensas ante el incumplimiento por parte del gobierno del pago del Bono SAE y la Deuda Histórica.
En aquella oportunidad estuvieron 21 días sin dictar clases, decisión que en su minuto no fue fácil de tomar, pero que sabían era necesario para hacer cumplir su derecho, como lo manifestaban los docentes.
En 5 de junio se firmó el protocolo de acuerdo que motivó al Magisterio regional a finalizar el paro, ya que la autoridad se comprometió a cancelar una parte del Bono SAE dentro de 30 días y el resto entre el 30 de diciembre y el 5 de enero de ese mismo año.
No obstante, los profesores no contaban con que en esos seis meses que faltaban para cerrar definitivamente el tema, la Contraloría se iba a pronunciar cambiando la fórmula para definir el monto que se les debía cancelar, dando como resultado que se les había pagado de más.
“Con lo dictado por la Contraloría se anuló inmediatamente el protocolo de acuerdo, por lo que el gobierno no nos canceló la otra parte que se había convenido para diciembre o enero”, explicó el presidente regional del Colegio de Profesores, Julián Mancilla.
Esto generó que por una parte el Magisterio siguiera exigiendo a través de acciones judiciales el pago del bono y, por otra, la autoridad manifestaba que no iba a cancelar algo que la Contraloría definió como ya saldado e incluso de manera excesiva.
Pero este escenario vino a cambiar recién el 5 de mayo pasado, cuando la Corte Suprema rechazó el dictamen del organismo fiscalizador y les abrió las puertas a los profesores para que retomaran la demanda.
“Ahora que la Corte Suprema invalidó lo planteado por la Contraloría, tenemos más fuerza para exigir el pago. De hecho nos estamos organizando a nivel nacional”, advirtió el dirigente.
Esto significaría que la fórmula que se debe utilizar es la que dispone la Dirección del Trabajo, como lo han señalado desde siempre los profesores.
Contraparte
Conscientes de que el fallo no los favorece, los secretarios generales de las Corporaciones Municipales de la zona más austral de país se reunieron la semana pasada en Chiloé para analizar la estrategia de defensa, donde participó Orlando Estefó, el representante de Punta Arenas.
El Magisterio calcula que la demanda que presentarán bordeará los
$ 2.300 millones. Sin embargo, no descartan que el Ministerio de Educación (Mineduc) se vea involucrado y deba destinar fondos para este tema.
“El próximo viernes 28 nos vamos a reunir como Colegio de Profesores a nivel nacional para uniformarnos en la demanda. Obviamente cada región tiene un caso particular, pero la matriz será la misma”, aseguró Mancilla.
Considerando que hace sólo unos días la Corte Suprema refutó el dictamen de Contraloría, ninguna de las partes tiene un caso para tomar como modelo y analizarlo. Algo que genera más incertidumbre en los involucrados.
“Aquí claramente ha habido una falta a la palabra. El Estado tiene que reparar esto, de lo contrario se va a transformar en una segunda deuda histórica”, agregó el docente.
A pesar de que se estuvo muy cerca de cerrar uno de los temas más conflictivos para la autoridad y para el Magisterio, un año después está recién empezando.