
Habiendo transcurrido más de un mes y medio el abogado defensor de los imputados, Cristián Opazo, solicitó que se revisara la medida impuesta y aportó nuevos antecedentes para que Claudio Chávez Barría, Pedro Vera Vargas y Héctor Díaz Gallardo recuperaran la libertad.
Pese a la gravedad de la denuncia que les imputa el fiscal Oliver Rammsy pesaron las declaraciones juradas que prestaron algunas personas, testigos de la agresión en que se vio envuelto el gendarme Luis Villarroel en las afueras de su casa, lo que sirvió de sustento a la resolución del juez Jaime Álvarez que optó por dejarlos libres.
Resolución justa
“Me pareció una resolución justa”, dijo al término de la audiencia el abogado Cristián Opazo. Siempre sostuvieron que la prisión preventiva era injusta, “porque los antecedentes de la investigación no estaban bien claros y se plantearon hechos que no sucedieron como se presentó en su momento”.
Lo que llevó inicialmente a prisión a estas tres personas fue la agresión ocurrida a la entrada del domicilio particular del gendarme. El 8 de abril, alrededor de las 23,30 horas, Luis Villarroel estaba en su domicilio junto a su esposa y los tres hijos del matrimonio. De acuerdo a lo que informó Carabineros en ese momento, fuertes ruidos hicieron salir al exterior al dueño de casa. Eran personas que estaban bebiendo y haciendo escándalo en la calle, lo cual habría gatillado la reacción del gendarme. Esta situación terminó en una violenta agresión donde la peor parte la sacó Villarroel, aunque los detenidos igual mostraban lesiones.
Madre
La madre de Claudio Chávez, Bernardita Barría, se retiró muy contenta por tener nuevamente a su hijo en libertad, aunque molesta, porque lo trataron de delincuente cuando fue detenido. “Somos gente pobre y humilde pero con valores”, haciendo ver que todo lo que rodeó esta situación los afectó mucho como familia. Los nietos debieron ser tratados por un sicólogo por todo el sufrimiento que padecieron. De paso cuestionó el accionar de Luis Villarroel a quien sindicó como una persona que siempre ha tenido problemas con quienes llegan a jugar al parque que está frente a su domicilio.
Judicialmente el caso sigue su curso, aunque el plazo establecido inicialmente para el cierre de la investigación, que fue de un mes, ya expiró y la fiscalía solicitó un aumento el que fue concedido.