El fiscal Fernando Dobson se encuentra investigando la querella criminal que interpuso la directora regional del Sename, Carla Saldivia, en contra de quienes resulten responsables de los delitos de “violación impropia y explotación sexual infantil”.
El profesional confirmó que en el marco de estos eventuales delitos solicitó la colaboración de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI y les encargó algunas diligencias. Entre ellas tomar declaración a una de las menores, que hasta el momento aparece mencionada en la presentación judicial, además de exámenes médicos. Lo importante para el fiscal es aclarar estos hechos, “por eso estamos trabajando con la policía, para lograr determinar las personas que pudieran eventualmente estar involucradas”.
Consultado acerca de la versión que entregó la menor, el fiscal dijo que a partir de este relato y testimonio comenzaron las primeras diligencias, “ya que esto vino a ratificar algunas situaciones que, a su vez, nos permiten ir buscando a los eventuales participantes de estos delitos”.
Según los antecedentes de la querella, fue la asistente social del Programa de Intervención Especializada, dependiente de la Corporación Municipal quien se entrevistó con una adolescente, la cual relató que desde los 12 años mantenía prácticas sexuales con hombres mayores de edad, quienes le pagaban entre
$ 35.000 y $ 50.000. La misma niña indicó que “su iniciación fue a sugerencia de una amiga, en ese momento de 13 años, quien igual mantenía relaciones sexuales con personas adultas a cambio de dinero”.
Entre los antecedentes que aportó la menor es que, desde 2009, sus primas de 17 y 21 años, a cambio de una comisión en dinero la contactaban con hombres mayores para tener relaciones.