Los funcionarios desvinculados de la empresa recolectora de basura Servitrans han dado a conocer las múltiples irregularidades con que ha estado trabajando la compañía desde que comenzó a prestar el servicio en la comuna. A las declaraciones de los diez despedidos esta semana, se sumó las del supervisor de operaciones que debió dejar sus labores el 11 de junio.
Ayer el grupo de ex trabajadores tuvieron comparendo en la Inspección del Trabajo, puesto que están solicitando que el finiquito incluya las remuneraciones de julio y agosto porque su contrato los liga hasta esa fecha con su ahora ex empleador. Sin embargo, la firma habría manifestado que la razón para su despido es el abandono de deberes, por lo que no se les pagaría lo esperado.
A esto, se le agregan las irregularidades que admitió que se vivían al interior del recinto de Servitrans, el ex supervisor de operaciones, Jorge Pavez, quien incluso aseguró que el alcalde de Punta Arenas, Vladimiro Mimica Cárcamo, lo llamó a su oficina para ofrecerle empleo a cambio de su silencio. “El alcalde Vladimiro me ofreció trabajo con tal de que no hablara. Tuve una reunión en su oficina, porque le conté todas las anomalías que había, pero después me di cuenta que quiso bajarle el perfil”, aseguró.
Por su parte, Claudio Álvarez aseguró que “ellos no están diciendo que nos solicitaron hacer horas extras y que nos estaban ofreciendo $ 10 mil. Eso fue lo que nosotros rechazamos y nunca hubo abandono de deberes”.
Este escenario originó que el grupo entrevistado ayer por el organismo decidiera acudir al Tribunal Laboral para conseguir lo que a su juicio es lo que corresponde.
No obstante, lo ocurrido ayer fue sorpresivo para los ex empleados, puesto que el alcalde en las reuniones sostenidas con ellos, el lunes y el martes pasado, les habría asegurado que el finiquito iba a incluir el dinero de dichos dos meses.
“Cuando nos reunimos en el municipio con el edil nos dijo que él iba a hacer que nos cancelen todo lo que nos corresponde, y ahora nos dicen que no nos van a pagar nada”, acusó Daniel Mansilla.
Para los afectados, este tema también involucra a la máxima autoridad comunal, puesto que el contrato es del municipio, y este debe hacerse responsable por las empresas que prestan servicios en Punta Arenas.
“Esto también lo involucra a él porque la empresa está bajo su contrato. Él tiene que asegurar el total cumplimiento de la empresa con los trabajadores, algo que todavía está pendiente en muchos aspectos, no sólo en nuestro caso”, advirtió Álvarez.
El próximo lunes la otra mitad de los ex funcionarios tiene comparendo en la Inspección del Trabajo, donde finalizada la diligencia, también acudirán a tribunales para entablar una acción judicial contra la firma.
Acusación
El primer desvinculado de la empresa fue el supervisor de operaciones, Jorge Pavez, quien afirmó que lo despidieron por haber permitido el ingreso de un fiscalizador de la Inspección del Trabajo el pasado 9 de junio a las 14.00 horas.
“El 10 de junio me llamaron a la oficina, conversamos el tema y al otro día me desvincularon, porque para la empresa era una falta de lealtad que yo haya conversado con el fiscalizador. Eso me costó el puesto”, manifestó Pavez.
Luego de esa diligencia efectuada por el organismo, la compañía debió cancelar $ 8.158.260 en multa. (220 Unidades Tributarias Mensuales).
“No tengo nada que ocultar. Lamentablemente no pude concretar en la inspección del trabajo mi denuncia porque no tenía como probarlo, ya que en mi carta de despido se señalan necesidades de la empresa, no podían poner lo otro porque habría sido una falta grave”, aseguró.
De hecho, el ex supervisor reconoció que durante el tiempo en que se desempeñó en Servitrans, la empresa no tenía regularizada la electricidad, sino que estaba “colgada”, no tenía alcantarillado, los camiones no contaban con extintores ni con botiquín. “No sé qué está esperando el alcalde para poner un límite en esto”, finalizó Pavez.