El alcalde de Puerto Montt, Rabindranath Quinteros, debió cancelar una millonaria multa para conseguir que la Dirección Nacional de Aduanas desistiera de continuar con la demanda en su contra, y de otros dos funcionarios municipales por el supuesto delito de fraude... y contrabando que se habría cometido en la internación al país de los buses amarillos traídos desde Estados Unidos.
La renuncia a la acción judicial se concretó ayer a las 8.30 horas en el Tribunal de Garantía de dicha capital regional, donde el edil a pesar de la sanción económica que debió acatar para detener el proceso, aseguró que “con el retiro de esta querella  ha quedado demostrado que no existió delito en el proceso de internación de los buses”.
Luego de este acuerdo entre las partes, los 12 vehículos que en la comuna estaban funcionando de manera intermitente por la medida de incautación que había dictado la fiscalía, fueron liberados y pueden retomar sin problemas el servicio de transporte escolar.
Esto costó a Quinteros el pago de $ 2.500.000, lo mismo que debieron cancelar los otros dos funcionarios que estaban incluidos en la querella.
El alcalde explicó que “tomamos esta vía, porque es la manera más rápida de resolver la situación y garantizar a la comunidad que los buses seguirán operando normalmente y que los escolares más necesitados podrán contar, sin contratiempo alguno, con la locomoción para ir y volver entre sus hogares y sus establecimientos educacionales”, afirmó.
Con esta suma, se habrían subsanado todas las irregularidades en la internación de los vehículos que, según Quinteros, fueron donados.
En tanto, la máxima autoridad comunal también subrayó que el proceso judicial habría sido favorable para él, sin embargo, antes de esperar el resultado de la justicia, prefirió pagar la multa.
“De haber seguido el juicio, lo habríamos ganado, pero no quisimos exponer el sistema de transporte escolar a mayores cuestionamientos o a la eventualidad de que, nuevamente, el servicio debiese ser suspendido por alguna decisión judicial en el marco de un proceso que podría haber durado un año o más. Ante esa eventualidad, prefiero hacer frente, pagar una multa y asegurar que el sistema funcione y que los niños tengan la locomoción que necesitan”, expresó el edil.
Acusación
En sus declaraciones, Quinteros también denunció un mal entendimiento de la situación y malas intenciones.
“Hubo quienes tomaron este tema de una manera equívoca, desde el magistrado que ordenó prematuramente la suspensión del servicio de transporte, hasta quienes creyeron que aquí había una manera de enlodar la imagen del municipio, pero los hechos, una vez más, demostraron que estábamos actuando con corrección y pensando en el bienestar social de la comunidad”, enfatizó el alcalde.
El municipio tiene otros seis buses con las diligencias pendientes para que puedan transitar, para lo cual Aduanas le otorgó un plazo de 15 días para regularizar la situación.