Para los concejales que denunciaron en la Contraloría Regional posibles irregularidades en la llegada de los buses amarillos a Punta Arenas, la forma en que se puso fin al proceso judicial que se estaba llevando a cabo en Puerto Montt debido a la querella que había presentado... el Servicio General de Aduanas en contra del alcalde de dicha comuna, Rabindranath Quinteros, y de otros dos funcionarios municipales por posible fraude y contrabando en la internación de los vehículos, demuestran que estos fueron comprados y no adquiridos a través de un donativo, además de otras irregularidades.
“El hecho de que cada uno haya tenido que pagar de su bolsillo más de dos millones de pesos demuestra que hubo delito”, afirmó el concejal Vicente Karelovic.
Para él, esto es una evidencia de “que el alcalde Vladimiro Mimica está profundamente equivocado porque esto fue una compra y no una donación”, enfatizó.
En tanto, su par José Saldivia cuestionó que toda la investigación realizada por la Contraloría de la Región de Los Lagos, donde se señaló que los vehículos fueron comprados, quede en nada debido a la negociación del edil y al posterior pago de una multa.
“No entiendo que ese sea el poder de una asesora jurídica. Llegar a un acuerdo y borrar todo de un plumazo. Entonces sigamos con chipe libre trayendo buses”, cuestionó con ironía el concejal.
Normalidad
A pesar de la multa el edil Quinteros declaró que “con el retiro de esta querella ha quedado demostrado que no existió delito en el proceso de internación de los buses”, e incluso, Aduanas le habría otorgado al alcalde 15 días prorrogables para que realice los trámites correspondientes para legalizar los documentos de otros seis buses que se encuentran bajo suspensión.
El concejal Roberto Sahr, expresó que “no puede decir que no hubo delito, porque nunca hubo juicio. Lo que hizo Quinteros, fue pagar por no ir a juicio”, manifestó.
Para el representante comunal, el edil de Puerto Montt prefirió evitar el proceso en tribunales porque “muy probablemente se iba a demostrar que hubo contrabando”. Pero lo más grave para Sahr es que “con esto queda la puerta abierta para que cuando una persona no quiera ir a juicio pague para conseguirlo”, puntualizó.