Lo que para muchos iba a ser una agradable noche de comida y fraternidad, terminó en un “escándalo” y en una denuncia judicial que está siendo investigada por el fiscal Felipe Aguirre y por la que han sido investigados, incluso personeros del Gobierno Regional. ¿Qué desató el escándalo? Una “Tallarinata” que organizaba ASJEM Capacitación y Producción de Eventos y que se realizó el jueves pasado en los salones del Club de Tenis y que , según lo que señalan los propios productores del evento, tenía como fin ir en ayuda de los Talleres de Ocupación de las Internas del Centro de Reinserción Social de Punta Arenas.
El escándalo estalló el miércoles de la semana pasada, un día antes de la comida, cuando el seremi de Gobierno, Miguel Schweitzer, le consultó a su par de Justicia, Alejandro Soler, si le interesaba colaborar con unas entradas que a él le había dejado Pamela Ramírez para una “Tallarinata”. En poder de Schweitzer habían diez tickets con un valor de $ 10 mil.
Soler observó de qué se trataba y no le pareció muy bien que se estuviese utilizando el nombre de Gendarmería sin su autorización.  Al verse involucrado en ello y al no contar con el beneplácito del seremi de Justicia, Schweitzer asegura que él se hizo a un lado del asunto. “Mi afán era sólo colaborar con un fin social. Cuando Alejandro (Soler) me dijo que no se podía, yo le hice un quite”, dice el vocero de Gobierno.
Tras ello, muchas de las casi 200 entradas que el abogado Luis Eduardo Villarroel y Pamela Ramírez, como organizadores del evento, tenían en circulación fueron devueltas.
Soler tomó conocimiento del tema y lo analizó a puertas cerradas con la directora regional de Gendarmería, Irene Silva.
A muchos les causó extrañeza lo que estaba pasando, e incluso hubo otros que mencionaron su curiosidad, porque el centro no tiene internas, es una casa sólo con oficinas. Pero lo que también provocó que la reacción de algunos fuera alejarse del asunto es que se estaba utilizando el nombre de Gendarmería sin la autorización del seremi de Justicia.
Denuncia
Soler hizo la denuncia ante el Ministerio Público y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI)  interrogaron a varios de quienes se vieron involucrados directa e indirectamente en el asunto. Incluso, esa noche de jueves llegaron personeros del Servicio de Impuestos Internos (SII) a los salones del Club de Tenis, en calle Mardones, donde se realizaba el evento, para constatar en terreno que se estuvieran cumpliendo las normativas.
El hecho está siendo investigado por el fiscal Felipe Aguirre, debida a la denuncia interpuesta por el seremi de Justicia, ya que fuentes cercanas al caso, aseguran que llevó el tema hasta el mismo Ministerio de Justicia.
La directora regional de Gendarmería, Irene Silva, asegura que nunca se le pidió autorización a ella y eso tiene bastante molesto a Villarroel, quien incluso envió un comunicado a los medios en el que le señala a ella: “ No obstante que ud. no me conoce, se ha referido mal a mi persona, por el hecho de querer formar un gran taller en el sector femenino del penal de esta ciudad”.
En el mismo texto, el abogado da a conocer todo lo que él ha hecho en el último tiempo por el taller de mueblería y es enfático al afirmar que: “El evento del día jueves era la culminación de un trabajo de meses convenciendo a personas de la realidad carcelaria y la rehabilitación. Yo mismo aporté una fuerte suma de dinero para financiar el evento. La idea era formar un gran taller de costura con maquinaria moderna, y lo más importante convencer a empresarios de llevar trabajo. Tenía hasta el ofrecimiento de profesoras que dedicarían su tiempo gratis para cumplir con este objetivo”.
Descargos
Ayer, aún muy contrariado con el asunto Villarroel dijo: “Yo había hablado anteriormente sobre las donaciones con el seremi de Justicia, Alejandro Soler. Él sabía de esto, le conté lo que pretendía hacer pero me advirtió que no me podía patrocinar. Soler sabía perfectamente lo que iba a hacer. Yo no tenía que coordinar nada con Gendarmería, porque no tengo que decir quién soy ni nada para hacer donaciones. Yo ya había hecho donaciones a los reclusos, había entregado madera”.
Con respecto de la concurrencia, el abogado señaló: “Fue poca gente, porque el llamado del seremi por la televisión a no asistir asustó a las personas, por eso no fueron todos los que esperábamos esa noche”.
“Encuentro incomprensible lo que ha pasado y la actitud que han tomado conmigo como si fuera un delincuente, porque no he ganado ni un peso, por el contrario”, termina señalando Villarroel.
Por su parte, Pamela Ramírez, manifestó que “fueron finalmente 30 personas. Habíamos vendido 150 entradas, pero al final las devolvieron, ya que el seremi dijo que la gente del Gobierno Regional no podía asistir a la tallarinata. Nos vimos muy afectados, por supuesto. Soler le dijo a toda la gente del gobierno que no podía asistir. El mismo jueves me devolvieron las entradas. Yo las había repartido en el GORE, porque es a la gente que yo conozco, la más cercana. La gente se asustó mucho con la advertencia del seremi, pensaron cualquier cosa y eso me afecta mucho”.
A Ramírez, la policía civil también le tomó declaración: “El mismo jueves fui a declarar al cuartel de la Policía de Investigaciones por el caso. Yo no conozco el contenido de la querella del seremi. Acá no hay nada raro, no entiendo porqué se está agrandando esto si sólo es un evento a beneficio como muchos que se organizan en la ciudad”, dijo enfáticamente.