El ex funcionario de la Municipalidad de Laguna Blanca, Mauricio Téllez Igor, deberá pagar con seis años de cárcel la millonaria malversación de dineros que provocó con su actuar ilícito, mientras tuvo a su cargo el manejo de parte de los fondos del municipio rural.
En la sentencia los jueces hacen presente la gravedad del delito por el cual fue condenado el acusado, conducta que califican de “altamente reprochable al tratarse de fondos públicos cuyo destino era el beneficio social de la comuna de Laguna Blanca, fin al que debió ser fiel el acusado, atendida su calidad de funcionario público, que tenía la confianza de sus superiores jerárquicos y por lo mismo a su cuidado dineros fiscales”.   
La existencia del delito continuado de malversación de caudales públicos quedó probado, como también la responsabilidad de Téllez en estos hechos. Los magistrados estiman necesario “hacer efectiva la carga civil del demandado, procediendo a indemnizar los perjuicios provocados al demandante civil”.
Para el Tribunal existe la convicción plena de la sustracción por parte del demandado de fondos públicos, en la forma expresada en la sentencia, y que causó un perjuicio equivalente al total de los 361 cheques incorporados al juicio, los que en total ascienden a $ 121.274.008 (ciento veintiún millones doscientos setenta y cuatro mil ocho pesos)”.
Esta suma deberá cancelar Téllez a título de indemnización del perjuicio material causado a la Municipalidad de Laguna Blanca, “reajustada conforme a la variación que experimente el IPC, desde que esta sentencia quede ejecutoriada y hasta el pago efectivo de la suma indicada, más los intereses corrientes por el mismo lapso”.
Además de los seis años de presidio efectivo, el condenado deberá cancelar una multa de 11 unidades tributarias mensuales
($ 411.587), y queda inhabilitado en forma perpetua para ocupar cargos o ejercer oficios públicos mientras dure la condena. Todo esto “en calidad de autor del delito continuado de malversación de caudales públicos en perjuicio de la Municipalidad de Laguna Blanca”.
Los magistrados acogieron además, la demanda civil entablada por el Consejo de Defensa del Estado,  por lo que el acusado deberá cancelar los $ 121.274.008 indicados anteriormente.
La sentencia fue acordada con el voto en contra de la magistrada Jovita Soto Maldonado, quien era del parecer de condenar a Téllez Igor en calidad de autor del delito de malversación de caudales públicos “en carácter de reiterado”.
Fiscalía
Durante el juicio oral,  el fiscal Jefe de Punta Arenas, Felipe Aguirre Pallavicini, acreditó que el acusado, en su calidad de funcionario contable, desde diciembre del año 2007 a junio del año 2009,  logró  apropiarse de los dineros a su cargo, a través del giro y cobro de 361 cheques del municipio de Laguna Blanca, que en monto superan los 121 millones de pesos.
Estos ilícitos los cometía mediante la obtención de la firma de giro del alcalde titular, Ricardo Ritter, el subrogante o el secretario municipal, aduciendo supuestos pagos a terceros, generalmente proveedores o prestadores de servicios del municipio, siendo llenados y confeccionados por él, quien los firmaba como segunda firma giradora,  luego los endosaba a su nombre y los cobraba en Servipag o en  las sucursales del Banco BCI. Asimismo, obtenía el giro de documentos, alegando que se trataba del pago de sus obligaciones o para la utilización de la “caja chica”. En otras ocasiones, en tanto, falsificaba la firma de giro del alcalde y luego cobraba los cheques.
“No nos deja del todo conforme la sentencia”, dijo el abogado querellante, Marco Loaiza, no descartando junto al Consejo de Defensa del Estado y fiscalía presentar un eventual recurso de nulidad, tendiente a impugnar el fallo.
Mientras que la abogada defensora, Gustava Aguilar, valoró que se acogieran dos atenuantes en favor de su cliente, como la irreprochable conducta anterior de Téllez y la colaboración a la investigación. “Al menos a lo que nosotros postulábamos, el delito continuado y no reiterado, se acogió”. Respecto a la millonaria indemnización dijo que es imposible de cancelar, salvo que le hubiesen otorgado un beneficio extracarcelario para cumplir la pena.