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El Decreto con Fuerza de Ley N° 323 de 1931 del Ministerio del Interior, Ley de Servicios de Gas, que exceptuó a la Región de Magallanes y a la Antártica Chilena del esquema libre tarifario. Esto por las características especiales del mercado de gas en la región, donde el uso de combustibles alternativos al gas resulta económicamente inviable, dado su mayor precio relativo y al hecho que la distribución de gas en la zona es por sí un monopolio por lo que necesita que sea reglamentado. Sin embargo, la legislación vigente no contemplaba ni una metodología, ni un procedimiento para la fijación de las tarifas del servicio de gas y servicios afines prestados por las distribuidoras de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
En 1989 la ley fue modificada por la Ley 18.856, la que incluyó un artículo delegatorio de facultades legislativas al Ejecutivo para que, dentro de un plazo de 90 días contado desde la publicación de esta última, mediante uno o más decretos con fuerza de ley expedidos por intermedio del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, establezca las bases, normas, procedimiento de cálculo y período de vigencia a que deberán ajustarse las tarifas, tasa de costo anual de capital y aportes de financiamiento reembolsables y establezca la metodología de cálculo, reajustabilidad y plazos de vigencia de los elementos de costos e inversiones, que se utilicen en los cálculos referidos a la condición legal, que activa la solicitud de fijación tarifaria. Dicho período de tiempo, sin embargo, transcurrió sin haberse dictado los correspondientes decretos.
Lo que fue alertado por el senador independiente por Magallanes, Carlos Bianchi, cuando manifestó públicamente, y ante las autoridades pertinentes, que la excepción de la ley sobre tarifas de gas domiciliario, no estaba teniendo una aplicación formal, “por lo que se utilizó un procedimiento que no es legal, cada cierto tiempo, entre la Comisión Nacional de Energía (CNE) y Gasco Magallanes, se determinaba, de común acuerdo, las reglas tarifarias de Magallanes”.
El proyecto que será analizado por la Comisión de Minería y Energía del Senado establece las bases y procedimientos para la fijación de tarifas de los servicios afines prestados por las empresas distribuidoras de gas en la XII Región de Magallanes y la Antártica Chilena. Para estos efectos, diferencia dos componentes dentro de la tarifa de servicio de gas por red: el valor del gas al ingreso del sistema y el valor agregado a la distribución. El proyecto indica que la metodología para la determinación del valor del gas al ingreso del sistema de distribución que se traspasará a tarifas, deberá corresponder a una gestión de compra o producción económicamente eficiente. Respecto del valor agregado de distribución y la metodología para establecer el valor del gas al ingreso del sistema de distribución, el proyecto de ley indica que ambos serán determinados por la CNE a partir de la suma de estos dos componentes de costo. Además, este procedimiento será coordinado por un comité multiparitario y financiado por la empresa distribuidora sujeta a tarificación.
Lasa fórmulas tarifarias resultantes para la región serán elaboradas por la CNE, sobre la base del informe técnico definitivo y fijadas mediante decreto supremo del Ministerio de Energía. Estas fórmulas tarifarias tendrán una vigencia de cinco años, con un mecanismo de indexación de las tarifas.