La hijuela o parcela 36, de la Prolongación de calle Martínez de Aldunate, tiene un superficie de ocho hectáreas y media y tuvo un avalúo fiscal de tres millones 277 mil pesos, pero el Serviu, decidió adquirirla para el desarrollo de un proyecto de viviendas sociales “mejoradas”, en la suma de 1.340 millones de pesos, provisión que fue hecha en una tensa reunión del Consejo Regional (CORE) de fecha 13 de julio del año pasado.

Mediante el oficio 0333, fechado el 25 de enero pasado, la Contraloría Regional de Magallanes le hizo saber al comprador de los terrenos que “ha debido abstenerse de dar curso al acto administrativo”, paralizando la adquisición, según dio a conocer ayer el portal El Líbero, con el informe del ente fiscalizador.

El terreno es propiedad de Luis Javier Boric Scarpa, padre del diputado de Magallanes, Gabriel Boric, militante de la Izquierda Autónoma (IA); de Patricia Büchner Herrero, esposa del actual diputado de la DC y ex alcalde de Punta Arenas, Juan Morano Cornejo; y de Julio López Herrero.

Objeciones

Según el informe del ente fiscalizador, la sobrevalorización del terreno en relación con la venta de otros predios similares habría sido una de las cosas por las cuales se objetó, ya que la tasación comercial la hizo un funcionario público del Serviu y no un tasador independiente.

“Esta Contraloría Regional ha debido abstenerse de dar curso al acto administrativo”, señala textual la primera línea de la resolución N° 0333 del 25 de enero de 2016. Ello significa  que no tomó razón de la escritura de compraventa del terreno celebrada el 19 de noviembre de 2015, por lo que no se podrán traspasar los recursos a los vendedores, quienes, incluso, tenían cheques girados por el Serviu de Magallanes.

Así lo establece el artículo sexto del contrato de compraventa, que “está sujeto al trámite de toma de razón conforme a lo dispuesto en artículo noveno, párrafo nueve. Las partes acuerdan condicionar la existencia de este contrato a que la Contraloría Regional de Magallanes tome razón del mismo. Por lo tanto, si por cualquier causa ello no ocurriere este contrato no surtirá efecto alguno y se tendrá por no celebrado”.

El informe establece que la Contraloría le cuestionó al Serviu que intentara comprar el terreno mediante la modalidad de “trato directo”, sin realizar una licitación pública que permitiera la participación de otros interesados, tal como  lo establece el artículo nueve de la ley 18.757 de Bases Generales de la Administración del Estado.

La Contraloría Regional de Magallanes argumenta en su dictamen que el “trato directo debe hacerse sólo cuando la naturaleza de la negociación lo demande, requiriéndose asimismo una comprobación efectiva y documentada de las razones que motivan la procedencia del trato directo, que constituye una excepción al sistema de propuesta pública”. Además, consigna que el informe de adquisición de inmuebles, elaborado por el Serviu el 26 de octubre de 2011, señala que el terreno es “uno de los 54 terrenos en estudio para su adquisición ubicados en Punta Arenas, sin que consten las razones que motivaron la elección por trato directo”.

Sobre la tasación, cuestiona que “es posible verificar inconsistencias en cuanto al valor determinado por metro cuadrado del terreno, dado que respecto a un predio aledaño y de similares características, la tasación hecha por el propio servicio presenta un precio inferior y, además, atendida su insuficiente fundación no habiendo informes complementarios, este órgano no puede dar justificado el precio del bien raíz que se pretende adquirir”. 

Serviu

Diario El Pingüino Multimedia se contactó ayer con el Serviu Magallanes y a través de su director (s), Rolando Lizana Hartgen informó que: “Respecto a la compra del terreno ubicado en la Hijuela 36, sector sur de Punta Arenas, la Contraloría Regional, no tomó razón y envió un Oficio con fecha 25 de enero de 2016 con dos observaciones que solicitó subsanar: la justificación a la compra por trato directo y la solicitud de tasaciones adicionales del terreno”.

Al ser consultado por la declaración de ilegalidad en el proceso, la autoridad del Serviu manifestó que “esto no implica ilegalidad en el proceso, sino el requerimiento de antecedentes adicionales, ante lo cual el Servicio ha estado abocado a elaborar todas las referencias solicitadas, como corresponde a este tipo de instancias, las que se harán llegar al ente Contralor los primeros días de marzo”.

Con respecto de la segunda observación, Lizana dijo que “para subsanar la  que dice relación con que no se justificó claramente el precio del terreno, por estar apoyado en una sola tasación, el Serviu encargó el 1 de febrero, dos nuevas tasaciones a entidades externas al Servicio, de manera de contrastar el precio de mercado del terreno señalado”. 

Y en cuanto al valor del terreno, el Serviu informó que “la compra fue por un monto levemente inferior a las 0,63 UF el metro cuadrado, lo que consideramos ajustado al valor actual del mt2 dentro del radio urbano en el mercado, el cual bordea el valor de 1 UF. Más aún, considerando el alza de los valores de los predios de la comuna de Punta Arenas, dada la escasa disponibilidad de terrenos aptos para la construcción de viviendas”.

Diputados

Consultado ayer el diputado Morano por la resolución de la Contraloría respecto del terreno de propiedad de su esposa, Patricia Büchner Herrero, señaló que “yo soy respetuoso de los tribunales y de los organismos de control. Creo que los organismos públicos deben hacer con prolijidad su trabajo y sólo cabe hacer lo correcto. Soy el primero que señalo que hay que respetar las resoluciones”.

Por su parte, Gabriel Boric emitió una declaración pública a través de su blog, en la que desvirtúa su vinculación con el terreno, como él asegura muchos medios han tratado de presentar la información: “Varios medios de comunicación han presentado la noticia desde una óptica que da a entender que yo tendría algo que ver con esta situación, insinuando desde un supuesto tráfico de influencias, hasta una suerte de ‘Caval magallánico’ en curso. Ante esto, cabe aclarar que el terreno fue comprado un año antes que yo naciera (1985), y su cambio de uso de suelo fue realizado, en atención al crecimiento de la ciudad el año 2004 (19 años después), cuando yo cursaba primer año en la universidad. Finalmente su compraventa fue solicitada por el Serviu a los dueños con el objetivo de construir viviendas sociales, lo que fue analizado en sesiones públicas del Consejo Regional de Magallanes en el marco del Plan de Desarrollo de Zonas Extremas (PDZE)”.

Agregó que “independiente de las interpretaciones que cada quien haga del asunto, mediante la presente afirmo que jamás he realizado actuación alguna que tenga que ver con el caso en cuestión, ya que estoy plenamente consciente que de hacerlo estaría incurriendo en un flagrante conflicto de interés, pero por sobre todo porque tengo la más profunda convicción que los asuntos privados, propios o de familiares, no pueden interferir ni menos sobreponerse al rol público que hoy desempeño”.