Faltando cinco días para que la Fiscalía presente acusación en contra de los seis imputados en el bullado Caso Rayen, ayer la defensa de dos involucrados solicitó al Juzgado de Garantía que se reabra la investigación para solicitar más diligencias.
Luego que el viernes pasado se cerró la investigación y que comenzaron a regir los diez días que tiene como plazo la Fiscalía para presentar acusación y detallar las penas y delitos para cada uno de los involucrados, ayer el abogado defensor de dos imputados solicitó que se reabra la investigación.
De acuerdo al oficio enviado por el abogado Juan José Arcos al tribunal de Garantía, indica que “ocurre que durante la investigación se solicitó la declaración a más de 200 testigos de la defensa, ninguno de los cuales fue citado por el Ministerio Público a prestar declaración, testigos que son del todo relevantes para demostrar que no ha existido ningún fraude fiscal”. Entre las diligencias solicitadas por el abogado está la declaración de los testigos que señalarían que realizaron trabajos efectivamente para la empresa Rayen, las labores y los lugares donde las efectuó entre otras.
En relación a esta solicitud, el fiscal del caso, Felipe Aguirre, señaló que se encuentra en el proceso de determinar las penas que va a solicitar para cada uno de los imputados y su grado de participación, por lo que a pesar de esta presentación debe realizar la acusación. “De acuerdo a lo que se ha obrado en otros casos similares, es que si el juez determina una audiencia antes de que se nos venza el plazo y en esa audiencia se acogiera la solicitud de reapertura, en esa situación estimo que no sería necesario presentar la acusación porque se abriría un nuevo plazo de investigación al cabo del cual nuevamente hay que cerrar la investigación corriendo un nuevo plazo de diez días para presentar una acusación. Ahora el tribunal no fija una audiencia para debatir esta solicitud, nosotros estamos obligados a presentar esta acusación dentro del plazo legal y en una audiencia posterior de preparación de juicio la defensa puede solicitar que se reabra la investigación en un nuevo debate”.
La investigación comenzó por los hechos que ocurrieron luego del desborde del Río Las Minas, ocurrido el 12 de marzo de 2012. En esa ocasión se declaró zona de catástrofe, por lo que demandó al Estado ejercer sus facultades para enfrentar la emergencia, donde se vieron afectados más de 800 familias. Con el objetivo de ir en ayuda de las personas damnificadas, se formó el Comité de Operaciones de Emergencia (COE). La Fiscalía inició formalmente la persecución penal en contra de los presuntos responsables del millonario fraude al Fisco realizado entre funcionarios públicos y privados