Como han dicho en innumerables ocasiones las autoridades nacionales y regionales de Transportes, el sistema  de seguros contra accidentes usado por estas aplicaciones depende de su propia autorregulación y de lo que exige el Ministerio de Transportes a cualquier vehículo, es decir, el Seguro Obligatorio de Accidentes Personales (SOAP), que es el requisito mínimo para renovar cada año el permiso de circulación.

Mientras no se apruebe el proyecto de ley que se discute en el Congreso, empresas como Uber, Cabify y Easy Taxi no se rigen por una norma especial que aborde su funcionamiento, lo que ha sido criticado por el transporte regulado, como los taxis básicos, ejecutivos y otros.

Los seguros contratados por los taxis básicos y ejecutivos dependen de lo solicitado por Transportes. La ley ordena un tipo de seguro especial para este tipo de servicios, con cobertura de hasta 600 UF (más de

$ 15 millones), dependiendo de la magnitud del siniestro. En tanto, los taxis ejecutivos poseen, además del seguro tradicional, una póliza que cubre hasta 300 UF por asiento.

Partiendo de la base que no existe aún una ley que regule las plataformas en ningún ámbito, la contratación de seguros depende de las propias reglas que se dan esas empresas.

En el caso de Uber, los vehículos de sus asociados usan el SOAP, cuya cobertura oscila entre 200 y 300 UF, según el daño provocado (lesiones o muerte).

Cabify exige a los conductores asociados el seguro tradicional y otro que contempla cada uno de los asientos del vehículo, con cobertura variable. Según se ha informado, esta compañía posee además una póliza por responsabilidad civil, que financiaría eventuales indemnizaciones civiles.

En tanto, Easy Taxi, que ya está operando en Punta Arenas bajo una modalidad mixta de asociados, es decir, taxis convencionales y autos particulares, informó que en el caso de los automóviles sólo se pide el SOAP y los taxis poseen los seguros que contempla la ley.