Alrededor de las 9 horas de ayer llegó la ex secretaria de la Cormupa a tribunales, acompañada de cercanos, para conocer los cargos que la Fiscalía le imputa y que originaron una investigación en su contra,

En la sala 1 del Juzgado de Garantía, el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson, le señaló a la imputada, profesora Cristina Isabel Susi Garrido, que se iniciaba una investigación en su contra por los hechos que ocurrieron entre los meses de agosto y septiembre del año 2015, cuando la imputada en calidad de representante legal de la Corporación Municipal de Punta Arenas procedió a efectuar los descuentos legales de las remuneraciones a la docente Consuelo Suárez Gallardo, de Fonasa y su AFP, según el detalle al mes de agosto, de alrededor de 170 mil pesos y 114 mil pesos. y en septiembre de 180 mil pesos y 114 mil. Las sumas fueron descontadas pero no fueron entregadas en las instituciones previsionales, provocando un perjuicio de alrededor de 600 mil pesos.

Con estos antecedentes a la imputada se le formalizó por el delito de apropiación de cotizaciones previsionales, fijándose para el 30 de junio próximo a las 9 horas para una audiencia de acuerdo reparatorio. El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 45 días.

A la salida de la formalización, el fiscal Dobson detalló que “se cumplió con la comunicación de cargos por una denuncia que se efectuó por apropiación de cotizaciones  previsionales. Se agendó una audiencia para debatir una salida alternativa que pueda solucionar este caso mediante un acuerdo entre imputada y víctima”.

A la salida de la audiencia, a pesar que la actual directora de la Escuela Pedro Sarmiento de Gamboa no quiso dar declaraciones, sí lo hizo su abogado Ramón Ibáñez, quien fue enfático en señalar que los montos mencionados en la audiencia están pagados. “En este caso la denuncia fue interpuesta por una funcionaria de la Corporación Municipal, a la cual se declararon las cotizaciones previsionales y no se pagaron, por este hecho al ser mi representada en esa ocasión la secretaria general de la entidad se requirió su presencia en tribunales. Esta es una causa desafortunada, ya que una ciudadana ejemplar se ha responsabilizado y visto expuesta en un hecho ilícito en el cual ella no tiene ningún grado de responsabilidad. La Corporación desde hace años que tiene un desorden financiero, es cosa de ver los medios de comunicación para darse cuenta de los embargos, inclusive al sistema de salud, por lo que mi representada no tiene responsabilidad, sin perjuicio que sea la responsable legal, pero no se ha enriquecido con este desorden administrativo que viene de administraciones anteriores”.