Luego de casi tres años de investigación por parte de la Fiscalía, ayer finalmente se formalizó a los tres imputados por un millonario fraude al interior de la Corporación Municipal de Punta Arenas.
De acuerdo a los antecedentes entregados en la audiencia por parte del fiscal Felipe Aguirre durante casi dos horas, los hechos que sindican a Hermes Hein Bozic, ex secretario general de la Cormupa; Katherine Urtubia Carrasco, ex jefa de finanzas; y Gonzalo Pumarino Vargas, ex jefe de planificación de la Cormupa, imputados que estuvieron presentes en la audiencia, todos al momento de los hechos funcionarios públicos de la Corporación Municipal de Punta Arenas. A ellos se agrega el ex secretario de la Cormupa, Hugo Bizama, quien será formalizado en agosto.

Entre los detalles señalados por el fiscal Aguirre, se señaló que se contrató por la corporación una unidad de Atención Técnica de Educación (ATE) y Chileduc para llevar adelante asesorías durante los años 2010 al 2012, adscritos al programa de subvenciones escolares de escuelas Cormupa, todo financiado con los fondos del Ministerio de Educación con el objetivo de mejorar la enseñanza de estudiantes con vulnerabilidad socioeconómicas regidas por ley. Fue así que el 8 de abril de 2013 se suscribió por parte del secretario general de la Cormupa, Hugo Bizama, un contrato con Chileduc, que disponía de 120 millones de pesos, pagos que se realizaron desde el mes de junio a diciembre de 2013, efectuados con fondos entregados por el Ministerio de Educación a la Corporación Municipal de Punta Arenas para ser utilizados en la comunidad educativa y posteriormente rendidos. En este contexto, señalan los antecedentes, en el mes de septiembre de 2013, asesorado por Gonzalo Pumarino Vargas y el asesor jurídico Hermes Hein, el secretario general suscribió con Ate Chileduc Ltda. un contrato de prestación de servicios para la implementación del rediseño organizacional y modificación de los estatutos de la Cormupa el año 2013, por un valor de 33 millones de pesos.

En ésta época se indicó, además, que Gonzalo Pumarino en su calidad de jefe de Planificación gestionaba los contratos, validando en conocimiento que no se debía financiar con cargos a los fondos entregados por el Ministerio de Educación, donde el asesor jurídico Hermes Hein, estaba al tanto de los contratos, los cuales también fueron autorizados por la jefe de finanzas Katherine Urtubia. Ante esto se emitió una primera factura por 13 millones de pesos, conociendo que no tenía finalidad de educación, dinero que fue pagado.

En diciembre de 2013, el entonces secretario general de la Cormupa, Hermes Hein, en conocimiento de este contrato procedió a girar montos por una factura de 9 millones de pesos, en conjunto con los otros imputados, quienes aprobaron estos montos. El año 2014, se suscribió un nuevo contrato de 150 millones de pesos, entre otros hechos.

Con estos antecedentes se indicó que los imputados aplicaron recursos dispuestos a su cargo no habiéndose reintegrado los fondos públicos utilizados en fines particulares. Ante esto se formalizó a los tres ex funcionarios de la Cormupa por el delito de malversación bajo la modalidad de distracción de fondos públicos sin reintegro. “Se formalizó a estas tres personas para que conozcan el contenido de la investigación en su contra.

El fundamento de la imputación es que los fondos tienen una finalidad específica, dentro de lo que es educación que debe ser empleado en ciertos fines y eso lo dice la Superintendencia de Educación y la Contraloría. Lo que se produce acá, es que esos fondos fueron usados con fines particulares y no a los fines de educación, porque se gastaron en una reforma a los estatutos de la Corporación y en una supuesta reorganización de la misma. Desde el momento que estas personas participaron y dieron ese uso a este fondo aplica la distracción de caudales públicos. Sucede que se alcanzaron a pagar sólo dos cheques, y en total se iban a pagar 33 millones, de los cuales sólo se pagaron 23 millones y la investigación se acotó a este último monto que, en definitiva, se pagó a Chileduc”.

Querellante
Tras la formalización, el abogado querellante y ex concejal de Punta Arenas, Juan José Arcos, señaló que “como querellantes nos interesa que se llegue al fondo de la situación. Esto es sólo la punta del iceberg, queremos saber quién es Chileduc, quiénes son sus socios, por qué motivo se les dan estas cantidades millonarias y sólo se contrataba a Chileduc pasando a llevar la opinión de los directores que muchas veces no estaban de acuerdo. Nuestra pregunta es si existe financiamiento político y queremos un transparencia real. No puede ser que la Corporación Municipal con un equipo profesional que incluso ganaba más que el alcalde no pudieron hacer un estatuto y gastaron estos 30 millones de pesos para hacer un estatuto que sale con suerte un millón de pesos. Acá hay un ánimo que va más allá de la educación”.

El abogado defensor de los imputados, Ramón Bórquez, indicó que sus representados no cometieron ningún delito. “Nuestra postura es que no hay delito, se está atribuyendo que hicieron una inversión de fondos para un fin particular y nosotros decimos que no es así. Se señala que para este contrato que hace la Corporación Municipal con una sociedad consultora se emplean estos contratos respecto de una función que también es pública. Ellos no utilizaron estos bienes en favor propio, no se llevaron el dinero para la casa. Hay una actuación de la Corporación Municipal que contrata a una asistencia para hacer un rediseño organizacional y estatutos, eso es un fin público”.

En la audiencia, los tres involucrados asistentes hablaron ante el juez. El primero Hermes Hein, quien señaló que “como ex secretario general de la Cormupa, a mí se me mandata por el directorio de la Corporación para un anteproyecto de estatutos. Cumplí la orden y entregué una minuta y es reconocido en las actas por la misma corporación. El mismo contrato da cuenta que hay una finalidad pública, por lo tanto todo lo demás será materia de prueba”.

Katherine Urtubia Carrasco, señaló ante el juez Juan Villa que “tengo la convicción que hice mi trabajo, que girar y firmar los cheques era parte de mis funciones, preocupándome, y los pagos salieron con los respaldos”.

Finalmente, Gonzalo Pumarino indicó que “cuando se comenzó a realizar este rediseño, ocurre que por primera vez se establece que los sostenedores de la calidad de la educación y la función de la Corporación Municipal desde el 2012 por ley su función es el responsable de la calidad de los aprendizajes y por eso se realiza este rediseño. Acá se trataba de ver cómo el área de educación de la corporación se adecuaba a cuatro nuevos cuerpos legales”.
El plazo para el cierre de la investigación se fijó en 8 meses, quedando los tres ex funcionarios de la Cormupa con firma mensual.