Luego de cinco días de juicio oral, ayer, los jueces del Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas, entregaron un veredicto condenatorio en contra de siete acusados de asociarse para obtener créditos, banda liderada por un exfuncionario de Carabineros.

Fue así que luego de ponderar las pruebas rendidas en el juicio, los magistrados Julio Álvarez Toro, Guillermo Cádiz Vatcky, y Luis Álvarez Valdés, decidieron condenar a los imputados Miguel Alejandro Iturrieta Donoso, y a Joana Paola Williams Barría, como autores del delito consumado y de obtención fraudulenta de créditos.

Mientras que también decidieron condenar a los imputados Jocelyn Constanza Guichapani González, Viviana Paola Llanquin Uribe, Marcela Gricel Jofre González, Bárbara Camila Cárcamo Aguilar, y a René Arturo Arizmendi Oyarzún, como autores del delito consumado y de obtención fraudulenta de créditos.

La fiscal del caso, Wendoline Acuña, señaló que “fueron condenados por los hechos que nosotros presentamos la acusación, y el tribunal dijo categóricamente que se habían demostrado todos y a todos los condenó por el concierto previo entre todos ellos.

La mayoría tiene irreprochable conducta anterior y también considerando la extensión del daño causado solicitamos una pena de 3 años de presidio para los acusados”.

Por su parte, el abogado querellante y representante del BancoEstado, Jaime Cárdenas, indicó que “se obtuvo un veredicto condenatorio respecto de los siete acusados, y eso es lo que se perseguía, con el objetivo de establecer de como ocurrieron los hechos y que efectivamente son constitutivos del delito que se perseguía, y lo más importante, la vulneración de la ley general de Bancos, que se refiere a aquellas personas que obtienen créditos presentando antecedentes, documentos falsos”.

El querellante agregó que “precisamente esto se pudo conocer gracias a Carabineros, esto una vez que los créditos fueron aprobados en nuestras tres agencias, las que fueron afectadas, ya que estas personas llegaron a las sucursales de la Población 18 de Septiembre y la casa central de la Plaza Muñoz Gamero, siendo alertados por Carabineros de esta operación, por lo que de inmediato se adoptó una investigación interna, logrando detectar estas operaciones aprobadas con documentos falsos.

Esta investigación interna termina con los hechos que presentamos en la querella, proporcionando esta información a al Fiscalía”.

Defensas

El abogado Pablo Santander, quien representa a cinco de los siete acusados, dijo que “mis representados admitieron los hechos, pero con la observación que realizó esta defensa de que correspondía condenar solo por la obtención fraudulenta de crédito bancario, lo que fue acogido por el tribunal y sin perjuicio de ello debemos esperar la sentencia y ver los pasos a seguir de los otros acusados que buscaban su inocencia.

Criticamos que la prueba a la acreditación del perjuicio en cuanto a la obtención fraudulenta de crédito que creemos que fue insuficiente, y que ese elemento se haya acreditado con certificados del propio litigante, es decir el abogado querellante presentó documentos firmados por el, lo que no tiene ningún valor probatorio”.

Finalmente, la abogada del exfuncionario de Carabineros, Karina Ulloa, indicó que “se debe esperar la sentencia, y en el caso de mi representado, el señor Iturrieta, por lo que debemos revisar como argumentarán los jueces para fundar su veredicto condenatorio, ya que desde el principio mi representado dice que no tiene participación.

De acuerdo a la acusación de la fiscal Wendoline Acuña, los hechos se gestaron entre los meses de junio y agosto del año 2015, cuando el imputado Miguel Iturrieta Donoso, quien en esa época se desempeñaba como funcionario de Carabineros en Punta Arenas, en concordancia con la imputada Joana Paola Williams Barría, quedaron de acuerdo para que ella captara clientes que no cumplieran con requisitos para acceder a créditos de consumo en la banca, ofreciendo y entregando documentos falsos que el propio Iturrieta conseguía, como liquidaciones de sueldo y certificados de antigüedad de instituciones tanto de Carabineros, del Ejército y Gendarmería.

Una vez que estos clientes obtuvieran el crédito, debían pagar el 35% por la gestión.

Fue así que la imputada Williams Barría captó a la imputada Viviana Paola Llanquín Uribe, Marcela Jofré González, Joselyn Güichapani González, Bárbara Cárcamo Aguilar y René Arysmendi Oyarzún, a quienes les informó que junto al funcionario policial mantenían liquidaciones de sueldos y certificados de antigüedad falsos con membrete de las instituciones de Carabineros, el Ejército y Gendarmería, con firmas falsas de jefes de unidad.

Los créditos gestionados y pagados por el Banco Estado fueron los siguientes, de acuerdo a la investigación Viviana Llanquín Uribe obtuvo 9 millones de pesos, Bárbara Cárcamo Aguilar 13 millones de pesos. Marcela Jofré González 6 millones de pesos, Joselyn Güichapani González 12 millones de pesos y René Arizmendy Oyarzún por 6 millones de pesos, generando un perjuicio al banco en 57 millones de pesos, por cuanto ninguno pagó los créditos.

La lectura de la sentencia se dará a conocer el día miércoles 21 de noviembre a las 19.30 horas.