Indignados se mostraron ayer los dirigentes de una agrupación de cerca de 200 familias que tenían el sueño de la casa propia, y se les informó que la causa que se llevaba en contra de las personas que se habrían quedaron con su dinero, no seguía por parte de la Fiscalía.

Rocío Jil, vocera de la Agrupación Keren Hapuc, señaló que continuarán buscando justicia. “Esto nos toma por sorpresa, al saber que la Fiscalía no va a investigar a estas personas. Trabajamos por un año en la querella y tratar de hacer justicia con esta madre e hija, pero quedamos con esta sorpresa y ellas quedan inocentes de un daño moral y económico por cinco años. Esto nos tiene desilusionadas, pero no vamos a dejar de trabajar, y vamos a buscar otras alternativas. Acá durante todo este tiempo muchos adultos mayores se enfermaron y murieron esperando el sueño de la casa propia”.

La vocera de la agrupación agregó que “lamentablemente estas agrupaciones no están resguardados por nadie. Sabemos que es para seguir un juicio es complicado porque hay que gastar mucho dinero, defraudados porque el Municipio no le pone reglas a estas asociaciones. Nosotros acá ponemos sueños y dinero para obtener la vivienda, y esto no tiene control, está abierto para que cualquier persona pueda cometer delitos. Nosotros como miembros de esta asociación vamos a pelear para probar que son culpables, porque tenemos antecedentes. Acá son 175 socios, pero hay un total de 225 familias, porque ingresó dinero sin estar en la lista, totalmente situación irregular realizada por esta mujer que era la presidencia de la agrupación”.

Los dirigentes de la agrupación señalaron que hoy sábado se reunirán a las 20.30 horas en la Iglesia San Miguel, donde junto a su abogado le darán a conocer la situación actual de lo sucedido ayer a sus socios.

Agregaron que el terreno que recuperaron, solo en realizar un cambio de terreno, señalaron que tienen que cancelar más de 80 millones de pesos, de lo cual los socios están cansados de dar dinero.

Por su parte, el abogado querellante, Ramón Ibáñez indicó que “el año pasado presentamos una querella con la agrupación. Acá buscábamos la responsabilidad penal de estas dos personas, presentamos todos los antecedentes y acompañamos todos los comprobantes de depósitos de los 175 socios. Recuperamos la presidencia de la agrupación y el terreno, donde la presidencia anterior no rindió cuentas y hay más de 200 millones de pesos que nadie sabe dónde están. La presidenta cobraba montos que ella quería, incluso llegó a cobrarle a una persona de la tercera edad hasta 6 millones de pesos. La Fiscalía quien tiene que investigar y determinar si estamos en un hecho punible, ni siquiera judicializó el tema y señaló que con los antecedentes que habían decidió no perseverar en la investigación. No se le tomó declaración a la directiva, faltaron diligencias y lo único que le queda al querellante es forzar una acusación, lo que se traduce que yo tengo que hacerme cargo solo de un juicio oral, lo que para mi estudio jurídico es imposible soportar un juicio de más de 50 días. Ahora en sede pena se cerró, pero hay que ver si otras denuncias se van a investigar y buscar la responsabilidad civil”.

Denunciadas

En relación a las mujeres denunciadas, María Labra Oyarzo y Abigail Pino Labra, su abogado Mario Elgueta, señaló que “esta fue una breve audiencia, luego que a fines del mes pasado el Ministerio Público decidió respecto con estos antecedentes no perseverar en esta investigación en base a tal como lo dice la norma, no se establecieron antecedentes que pudieran hacer llegar que la Fiscalía siga adelante para perseguir un determinado delito. Esto en su momento el Ministerio Público lo dio a conocer y la parte querellante había deducido un forzamiento de acusación, decisión que hoy (ayer) fue desistida y ante ellos se confirmó en la audiencia la decisión de no perseverar del Ministerio Público en este procedimiento”.

El abogado agregó que “nosotros desde el comienzo sostuvimos que esto no constituía delito, e incluso interpusimos recursos de protección para establecer la seguridad de mis representadas ante ataques en redes sociales y en sus domicilios. El Ministerio Público con su decisión de no perseverar confirmó que no hay delito y lo que ha quedado cerrado con esta audiencia. Durante un año la Fiscalía llegó a una conclusión de que aquí no había delito, por lo que se comunicó al tribunal y se confirmó hoy (ayer).