Alegando exageración de los medios de prensa, abandonaron ayer al mediodía el centro de Justicia de Punta Arenas, los familiares que acompañaron al joven de 22 años, detenido la noche del miércoles luego de dar un falso aviso de bomba en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo.

Juan Pablo Sáez Maldonado, fue formalizado por el fiscal jefe de Punta Arenas, por los hechos que se gestaron alrededor de las 20.30 horas del miércoles 29 de mayo pasado. En la audiencia se indicó que el imputado llegó al Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo para acercarse al mesón de la aerolínea Jetsmtar, donde tenía pasaje para viajar a Santiago. En esos momentos se dirigió a la funcionaria que realizaba labores de registro de pasajeros, momento en que el imputado le expresa “puedo llevar una bomba en la maleta”. Esta situación generó alarma y se activó el protocolo de seguridad, siendo evacuado el recinto aeroportuario, donde más de 800 personas debieron esperar que personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, descartara la presencia de algún artefacto explosivo.

Con estos antecedentes, al imputado se le formalizó por los hechos ya mencionados, así lo señaló el fiscal jefe de Punta Arenas, Fernando Dobson: “El imputado pretendía abordar uno de los vuelos e hizo referencia a que podía llevar una bomba y que generó la evacuación y trabajo de personal del GOPE, descartando que llevara algún explosivo, lo que generó una alarma en la gente, siendo formalizado por desórdenes públicos y falso aviso a la autoridad. En base a ello, las penas son bajas, de 61 días a 540 días de presidio por este tipo de delitos. Él hace una referencia que entre los elementos que llevaba podría llevar una bomba, ante lo cual se expuso al tribunal por las consecuencias de los dichos del imputado”.

Por su parte, el abogado defensor, Leonardo Vallejos, indicó que “mi cliente pasa detenido por un supuesto delito de alarma pública, lo que al parecer generó una sobre reacción de las funcionarias de la línea aérea que nos trajo a esta audiencia. Tenemos que ver si la Fiscalía persevera en este caso. Según los relatos, mi cliente consultó si podía llevar algún elemento, y quizás en tono de broma, dice si puede llevar un elemento prohibido lo que generó este protocolo. No todo puede ser traído ante un juez de Garantía. El hacer una consulta, no significa dar un aviso, por lo tanto no necesariamente puede ser perseguido penalmente”.

El imputado recuperó su libertad, quedando con la medida cautelar de arraigo nacional, mientras que el plazo para el cierre de la investigación se fijó en 45 días.