Llama la atención, especialmente el caso del Frente Amplio que salió de inmediato a condenar públicamente al régimen de Nicolás Maduro y salvo matices coincidieron en que es una situación intolerable desde un punto de vista humanitario e instaron a buscar una salida pacífica a la crisis que vive el país caribeño.

Para muchos parece extraño. Para otros, como los venezolanos residentes en nuestro país, la actuación de la ex Jefa de Estado chilena es tardía (incluida petición mediática del cantante Miguel Bosé). Lo concreto es que llama la atención que solo ahora salgan voces transversales de la política chilena a condenar la actitud de Maduro y sus secuaces. O más bien llama la atención como se beatifica a la ex Mandataria, quizás glorificándola incluso con una probable nueva postulación presidencial en 2021.

Hoy, desde la DC al Frente Amplio resaltan la labor de Bachelet, que en 18 páginas describe graves violaciones a los derechos humanos, sociales, económicos, que nadie puede poner en duda; “con énfasis en la crisis sanitaria, alimenticia, la mortalidad materna”.

Otros hoy abren los ojos sorprendidos al conocer a través de ese informe la violación sistemática a los derechos civiles y políticos, a través de la represión, tortura y ejecuciones clandestinas de opositores. Pero son los mismos que condenaron a Juan Guaidó y a los suyos cuando se juramentó como Presidente encargado, intentando buscar salidas a la crisis por la que atraviesa ese país y que recibió un amplio apoyo internacional.

Ahora son los mismos que dicen que “nadie puede quedar indiferente al informe de Bachelet”, sin embargo en enero pasado criticaban de golpistas a quienes buscan restablecer la paz en un país cuyos habitantes se han visto obligados a migrar por el mundo.

Por favor revise usted las declaraciones de socialistas, frenteamplistas, comunistas y otros personeros opositores en nuestro país sobre qué dijeron el 23 de enero pasado. Pero, bueno, cambia todo cambia.

Hay un sector del socialismo chileno, por ejemplo, que le costó convencerse. Y que hasta hace solo unas semanas negaba que Venezuela viva en una dictadura.

Hay otros peores, que siguen en una postura más radical y notoriamente retrograda. Por ejemplo, el Partido Comunista Chileno, que insiste en relativizar el informe.

Los comunistas no reconocen dictaduras de izquierda. Incluso por medio de una declaración pública, respondieron a los emplazamientos formulados por los distintos conglomerados y pidieron que “se aclare lo que pudiera entenderse como incongruencias, contradicciones, presunciones infundadas y generalizaciones, que significara falta de imparcialidad en el informe”.

Y con la firma de la comisión política de ese partido, advierten que les llama profundamente la atención que en el informe de la alta comisionada no se exprese ninguna condena a los intentos de golpes de Estado y a las amenazas permanentes de intervención militar en Venezuela, “ni a actos de desestabilización con causa de muerte de sectores opositores de extrema derecha. No hay un llamado enérgico a terminar con el cerco financiero y económico hacia ese país, que solo perjudica al pueblo de Venezuela: intervención militar, golpes de Estado, presiones económicas, que atentan contra la esencia de los derechos humanos de manera masiva que son y deben ser altamente condenables”, enfatizaron.

En Magallanes, el presidente regional del Partido Comunista, Dalivor Eterovic, manifestó enfático que “no hemos desconocido nunca el drama que vive hoy día Venezuela y cuando hay violencia del Estado, como ocurre en tantos países, también son violaciones a los derechos humanos”.

Eterovic fue incluso más lapidario y enfático al señalar que “lo que hemos dicho del informe es que no es imparcial”, lo que a su entender ocurre porque no se ha considerado la violencia que también se ejerce desde el otro bando.