Una acción judicial de tutela laboral acogida a tramitación por el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, da cuenta lo que piden los trabajadores, que el Fisco pague una indemnización por daño moral de 10 millones de pesos a cada uno de los demandantes.

Los funcionarios de la Secretaría Regional Ministerial de la Mujer y la Equidad de Género Sylvia Alejandra Ruiz Ovando, Ana Elizabeth Contreras Barrientos y Blas Enrique Saldivia Bahamonde, patrocinados por el exseremi de Justicia, el abogado Pablo Bussenius, dan cuenta que el 22 de marzo de 2018 asume como secretaria regional ministerial de la Mujer y la Equidad de Género de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, María Patricia Mackenney Schmauk. “Ese día, como equipo, nos presentamos, le dimos la bienvenida y nos pusimos a su disposición. Ya en los primeros días de trabajo, se generaron situaciones incómodas para nosotros. La seremi comenzó a efectuar requerimientos reiterados (cada cinco minutos) de la misma tarea, aun cuando no era posible realizarlas en los tiempos que ella requería. Cuando la seremi nos instruía realizar determinadas gestiones, como eran la coordinación de reuniones con otros servicios, la redacción de documentos, la elaboración de agenda diaria y semanal, muchas veces no nos daba el tiempo siquiera para iniciarlas, para a continuación, y a los pocos minutos de habernos encomendado la tarea, consultarnos si ya estaba lista, consulta que se repetía insistentemente cada cinco minutos”, señala la demanda.

La acción laboral en tribunales continúa señalando que “la seremi, además de no darnos tiempo para terminar lo instruido, efectuaba simultáneamente nuevos requerimientos, que siempre eran inmediatos, por lo que constantemente debíamos dejar de hacer lo que estábamos haciendo para dar cumplimiento a los nuevos requerimientos, no permitiendo con ello concluir los anteriores. Por otra parte, era habitual que la seremi interrumpiera nuestras conversaciones, fueran estas laborales y/o personales, negándonos incluso la posibilidad de conversar entre nosotros. Se paraba a nuestro lado haciendo solicitudes e indicaciones aunque estuviéramos hablando por teléfono de temas laborales. Para luego, una vez finalizados estos llamados preguntar una y otra vez quién había llamado o con quién se estaba hablando”.

El relato continúa: “Otra situación de tensión para nosotros era cuando nos requería la realización de actuaciones y/o procedimientos incorrectos desde el punto de vista de la práctica y normativa pública, viéndonos en la obligación de estar consultando permanentemente a Santiago, para que, por un lado, estuvieran al tanto de la situación y, por el otro, para tener un respaldo, ya que incluso asesorada, esta no cumplía con lo que está mandatado para el correcto funcionamiento de los servicios públicos, pudiendo verse afectado con ello el Servicio. Sumado a lo anterior, fuimos testigos de cómo la seremi entregaba información errada a usuarios y medios de comunicación, utilizando terminología incorrecta o conceptos que no eran los más adecuados, como la invitación que realizaba a utilizar el “Fono Denuncia”, servicio inexistente en la institución, lo que podía inducir a error en los usuarios y transformarse en una situación muy delicada ante situaciones de verdaderas emergencias, generando con ello situaciones de riesgo para nuestras usuarias”.

Otra situación que detalla la acción judicial es que con fecha 30 de agosto, “somos citados a control médico para evaluación. Informándosenos, que a pesar que la institución no había tomado ninguna medida correctiva y que tenían 90 días para responder a la ACHS, tendríamos que presentarnos a trabajar el día lunes 2 de septiembre, a las 12.30 horas, por media jornada para retornar con jornada completa a partir del 7 de septiembre. Noticia que nos abrumó, puesto que a la fecha no se habían tomado las medidas correctivas por parte del servicio y, objetivamente, no estábamos en condiciones. Así, y en cumplimiento de nuestras obligaciones laborales e indicaciones médicas, nos presentamos a trabajar el lunes 2 de septiembre, a las 12.24 horas. A nuestro ingreso a las oficinas de la Seremía (sic) fuimos recibidos en la puerta por la propia seremi, quien mostrándose evidentemente incómoda y descolocada, tan solo atinó a estirar la mano sin decir siquiera buen día o buenas tardes. Acto seguido nos dirigimos hasta el reloj control, donde marcamos nuestro ingreso. Cumplido este trámite, y sin haber podido todavía dejar nuestras parkas, abrigos y carteras, la seremi nos solicita que nos ubiquemos en el espacio asignado para reuniones, siendo sus primeras palabras ‘¿y ustedes..? ¿les dieron el alta?’, respondiéndole que nos habían dado un ‘alta diferida’, lo que significaba que durante toda esa semana trabajaríamos media jornada. A lo que la seremi señala: ‘a mí no me ha informado nadie’ ,’yo no sé de qué se trata esto’, ‘¿cómo lo vamos hacer?, porque yo ya tengo gente reemplazándolos, que están ocupando los computadores’, ‘¿cómo distribuiremos las tareas’, para luego decirnos: ‘vayan a almorzar’ para consultar en el intertanto a Santiago; moviendo su cabeza de lado a lado en señal de molestia y desaprobación”.

La tutela laboral fue acogida por el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas.