El Estado debe recuperar los dineros asignados a quienes recibieron un beneficio que no les correspondía. La situación es impresentable y nos habla del aprovechamiento excesivo que hay en un país que se creía a las puertas  del desarrollo. El llamado Bono Clase Media —que implicó la entrega de entre $100 mil y $500 mil a trabajadores y pequeños empresarios— no consideró mecanismos para comprobar, antes de la entrega del beneficio, la veracidad de la información reportada por los solicitantes, incluso en el caso de trabajadores del sector público. El Servicio de Impuestos Internos (SII) contabilizó que 437.703 personas (27,4% del total de beneficiarios) habrían accedido al bono de modo aparentemente fraudulento, al haber declarado ingresos tributables inferiores a su monto real. Se estima que la suma comprometida alcanza en total a los US$ 256 millones. Y ese dinero es de todos los chilenos y en las actuales condiciones en las que está el país, ese monto debe ser devuelto a las arcas fiscales. pero lo que resulta aún más impresentable es el llamado de parlamentarios del Frente Amplio —al que se han sumado congresistas de otras bancadas— a dictar un “perdonazo” y dejar de lado los esfuerzos por recuperar los recursos mal asignados. Se culpa absolutamente al Gobierno, como sino hubiera responsabilidades individuales en un aprovechamiento que sonroja a todo el país. Aquí  hay temas éticos de un planteamiento que pretende relativizar la responsabilidad de quienes hayan abusado de la confianza pública para acceder a un beneficio.