A través del dictamen N°242/2020, la Contraloría Regional de Magallanes dio a conocer los resultados de una auditoría que reveló una serie de irregularidades perpetradas por la seremía de Bienes Nacionales, en torno a los contratos de cesión de derechos en terreno a la empresa Turismo Cordillera Darwin SPA, situación que comenzó a gestarse hace cinco años aproximadamente.

Todo se remonta a marzo del año 2014, cuando asumió en su segundo mandato la exPresidenta Michelle Bachelet, lo que implicó que en cada región del país fueran designados los correspondientes intendentes y seremis.

En Magallanes, quedó como titular de Bienes Nacionales, Víctor Igor Hess (DC), quien entre sus gestiones comunicó que se suspenderían todas las licitaciones de concesiones en el área sur de la provincia de Tierra del Fuego, específicamente en sectores aledaños al río Azopardo y al lago Fagnano, asegurando en su momento que “la seremía no era una inmobiliaria”, por lo cual no se venderían más terrenos de aquella zona.

Esto, pese a que entre 2010 y 2013 dicha seremía junto a Sernatur y Corfo habían licitado una serie de proyectos por más de 256 millones de pesos, con el objetivo de atraer inversionistas a aquellos terrenos, en materias de ordenamiento territorial, logística, búsqueda de inversionistas, e incluso se costeó con 55 millones de pesos un chárter de crucero para visitar los predios a licitar.

La solicitud de arrendamiento

Sin embargo, el 22 de mayo de 2015, el actual concejal de Porvenir Juan Bahamonde Ruiz (DC) ingresó una solicitud a la Seremi de Bienes Nacionales de arrendamiento de un inmueble fiscal en un sector aledaño de donde se suspendieron estas licitaciones, específicamente en Caleta María, a 160 kilómetros al sur de la capital fueguina, para la empresa Turismo Cordillera Darwin SPA, que se había constituido solo cuatro días antes.

Llama la atención que ese mismo día (22 de mayo), se le entregó al solicitante el informe de recomendación N°E-4007, del encargado de arriendos, detallando la tasación comercial del terreno, trámite exprés que tendría una demora mayor para cualquier otra persona.

Posteriormente, el jueves 2 de julio del mismo año (en apenas 34 días hábiles), se le concedió el arrendamiento a la empresa antes mencionada de un lote en Caleta María, a través de la Resolución Exenta E-4213, que obligaba a la empresa construir, antes del 31 de diciembre de 2017, seis cabañas (cinco de ellas como habitaciones y una como restaurante-comedor), además de cinco domos destinados a dormitorios dentro del mismo plazo. También debía estar habilitado y en funcionamiento antes del 31 de diciembre del año 2016, una planta de tratamiento de aguas servidas y un aerogenerador.

Incumplimiento de contrato

Pese a ello, la construcción y habilitación de esta serie de infraestructuras, con plazos perentorios señalados en el mismo contrato, nunca ocurrió como lo establecía la Resolución Exenta E-4213, sino que estarían edificadas en forma parcial e inconclusas al año 2017. Tampoco fueron habilitadas por los organismos competentes como el Serviu, la Dirección de Aguas y el Servicio de Salud y su ingreso al Sistema de Evaluación Ambiental, como lo exigía el contrato.

Con todos estos años de atraso, la empresa además no contaría con la autorización para el aprovechamiento de aguas desde vertientes cercanas, lo cual imposibilitaría además el inicio de operaciones y obtener resoluciones sanitarias correspondientes. Según informó la Dirección General de Aguas, la empresa ingresó una solicitud de aprovechamiento de aguas denominada ND-1203-611, solo el día 21 de julio de 2017 en la Gobernación de Tierra del Fuego, solicitando el aprovechamiento de aguas de Superficial y Corriente, de un estero sin nombre en el lote otorgado por Bienes Nacionales. Esta inexistencia de una fuente de agua y su posible potabilización, impediría la entrada en funcionamiento y la recepción de la infraestructura que se pretendía construir.

Cambio de dueño

Ya durante el año 2016, quien era el dueño de dicha empresa, fue electo como concejal de la capital fueguina, y en ese mismo año el proyecto se adjudicó un cofinanciamiento del Programa de Apoyo a la Inversión Productiva para la Reactivación (IPRO), de Corfo, con fondos del Gobierno Regional, por 25 millones de pesos. El 28 de febrero de 2017, se adjudicó a la misma empresa otro fondo de Corfo, esta vez por $5.430.388.

Sin embargo, el 3 de mayo de 2018, el concejal Bahamonde salió de dicha sociedad, quedando como única dueña de Turismo Cordillera Darwin SPA, Yenny Oyarzo Alvarado, pese a que la Contraloría Regional de Magallanes constató irregularidades en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), en licitaciones que fueron adjudicadas y ejecutadas por Oyarzo en los años 2015 y 2019, a través de la consultora NeoPatagonia, la cual le pertenece.

Venta del lote

Cabe recalcar que el 21 de agosto del mismo año, Bienes Nacionales vendió el inmueble de Caleta María a la referida empresa, sin licitación alguna, a pesar de los graves incumplimientos en el contrato de arrendamiento, las irregularidades que fueron detectadas por contraloría y que el mismo ministerio de la cartera detectó. Es decir, se cedió el terreno meses antes de que el gobierno cambiara, sin que fueran cobradas las garantías por incumplimiento.

Es dable hacer presente que el Ministerio de Bienes Nacionales, ante los incumplimientos, está obligado a cobrar la garantía y a pedir que se le restituya el predio, lo que no habría ocurrido. Esta situación recayó en la nueva administración, considerando que quien debía haber cobrado dichas garantías era la actual seremi Francisca Rojas, lo que hasta entonces, no se ha constatado.

Irregularidades de Contraloría

Remontándonos al inicio de esta investigación, el órgano contralor en los resultados de su auditoría, además del incumplimiento en parte de la implementación del proyecto, evidenció una fiscalización insuficiente del inmueble fiscal en arrendamiento, como también la falta de presentación de declaraciones juradas de uso del inmueble.

Se detectó asimismo la falta de fiscalización de ambos seremis de Bienes Nacionales de Magallanes en el cumplimiento de la normativa y las autorizaciones de otros organismos competentes, contraviniendo lo previsto en la cláusula 7 de la resolución exenta N° E-4213, de 2015, de la entidad fiscalizada, como también lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley N°18.575. Y finalmente, se constató que la referida seremía, no hizo efectivo el cobro de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato, incumpliendo lo contemplado en la cláusula 4 del convenio de arrendamiento.