Una buena noticia hemos recibido esta semana en materia de derechos para personas con discapacidad. El 22 de enero se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.303 que reconoce a la lengua de señas como la lengua oficial de las personas sordas, promoviendo su uso en la educación, mundo laboral y en otros ámbitos de la vida.

En Chile, según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad de 2015 (ENDISC II), que ejecuta el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, existen 2.832.818 personas con discapacidad. De este total, un 27,3% posee algún grado de pérdida de audición (712.005) y de esa cifra se estima que 179.268 personas tendrían sordera total.

La nueva ley reconoce a la lengua de señas como “lengua oficial de las personas sordas” e introduce tres nuevos conceptos a la Ley Nº20.422: persona sorda, persona con discapacidad auditiva y comunidad sorda.

También el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y a hacer respetar los derechos culturales y lingüísticos de las personas sordas, asegurándoles el acceso a servicios públicos y privados, a la educación, al mercado laboral, la salud y demás ámbitos de la vida en lengua de señas.

Se establece que la enseñanza de la lengua de señas “será realizada preferentemente por personas sordas calificadas”. Además, determina la creación de un reglamento dictado por el Ministerio de Educación y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para regular “las condiciones, requisitos y calificaciones necesarias para la enseñanza de la lengua de señas”.

Desde 2016, la red de atención ChileAtiende del Instituto de Previsión Social (IPS) ha implementado medidas para entregar una atención inclusiva, existiendo a la fecha 100 sucursales que cuentan con módulo de videointerpretación. En Punta Arenas, el IPS cuenta con este servicio que brinda atención en lengua de señas, creol, mapudungun e inglés.

Esta iniciativa nos llena de alegría porque nos permitirá seguir avanzando en la construcción de un país más inclusivo y solidario con las personas discapacitadas, para garantizar no solamente una política hacia ellos, sino que además prácticas para alcanzar la igualdad de oportunidades.