Por estos días se cumplió el año desde que cerró definitivamente el proyecto minero más ambicioso en la historia de Magallanes. Mina Invierno ya no está en la región y con ello –agravado más en un año de pandemia- la economía de la zona más austral del país decayó fuertemente y la cesantía regional llegó a cifras nunca antes esperadas.

Aún está latente en la imagen de muchos aquella tarde de enero de 2018, cuando el salón Nelda Panicucci del Gobierno Regional de Magallanes estaba repleto de público.

Muchos no olvidan que había un grupo bullicioso y heterogéneo de integrantes de grupos ecologistas y personas contrarias al proyecto carbonífero Mina Invierno, quienes aplaudían cada argumento que apoyara sus ideas. Por otro lado, había disciplinados y uniformes, estaban los sindicatos y trabajadores de la mina que esperaban en silencio y con paciencia un dictamen que podía marcar su futuro.

Estábamos a minutos de una de las decisiones más cruciales en el futuro económico regional.

La Comisión de Evaluación Ambiental del Gobierno Regional, votaba la aprobación o rechazo de las tronaduras de Mina Invierno, un proyecto que había partido siete años antes en la prístina Isla Riesco, la cuarta más grande de Chile, y que a pesar de un gran rechazo de organizaciones ambientalistas y numerosos éxitos y reveses judiciales y administrativos, había seguido adelante en su desarrollo y había logrado por una década entregar trabajo directo a más de mil familias magallánicas y de forma indirecta a otras tres mil personas.

Así fue como uno a uno, los integrantes del comité fueron dando sus argumentos, algunos a favor y otros en contra, generando un ambiente cada vez más tenso y dramático en la sala. A los votos favorables de algunos seremis que esgrimían los antecedentes de los informes de los organismos técnicos, le seguían otros que insistían en el daño ambiental que representaba la mina y citaban otros informes.

Quienes votaron en contra del proyecto minero fueron el seremi de Obras Públicas Ricardo Haro, actual jefe de Comunicaciones de la Universidad de Magallanes (UMAG); Juan Marcos Henríquez, quien ejercía el cargo de seremi de Medio Ambiente y ahora presidente regional del Partido Socialista (PS); Claudia Barrientos, exseremi de Desarrollo Social; Elizabeth Muñoz, exseremi (s) de Agricultura; Gabriel Muñoz (DC), exseremi de Transportes y Telecomunicaciones, y Óscar Vargas Zec (DC), exseremi de Salud.

Hasta que llegó el voto decisivo, el del intendente de la época Jorge Flies Añón -actual candidato a gobernador regional- quien sorpresivamente otorgó su rechazo argumentando que “esta no es una instancia técnica, sino también política” y por lo tanto, su convencimiento era que se debía rechazar las tronaduras y realizar un estudio de impacto ambiental que de inmediato, el gerente general de Mina Invierno, Guillermo Hernández, presente en la sala, rechazó tajantemente y anunció que iría a tribunales pues, “de lo contrario, la mina tendrá que cerrar”.

Lo ocurrido esa tarde en Punta Arenas, marcó un punto de inflexión en la historia de Mina Invierno.

Después de aquello, la empresa inició un camino consecuente con su decisión de cerrar sus operaciones en caso que las tronaduras no se aprobaran.

En los siguientes dos años, se sucedieron movilizaciones masivas y acciones legales con éxitos y fracasos en diversas instancias y en las cuales el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) respaldó plenamente a la minera, al revertir vía oficio, lo dictaminado por la Comisión de Evaluación Ambiental, lo que pareció allanar el camino para la operación.

Entonces, en febrero de 2019, finalmente tras años de tiras y aflojas se realizó la primera tronadura controlada de Mina Invierno.

Pero luego, una reclamación ante el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia generó una medida precautoria que detuvo todo el proceso.

EPÍLOGO

El final comienza a desencadenarse cuando a fines de 2019 el Tercer Tribunal Ambiental de Valdivia resolvió prohibir las tronaduras como método de extracción, lo que a juicio de la empresa hizo inviable su operación. “Como consecuencia directa del dictamen, en 2019 la extracción de carbón se redujo en un 48% y el número de embarques en un 53% respecto de lo proyectado”, declaró.

A principios de abril del año pasado, cuando la pandemia del Coronavirus comenzaba a propagarse masivamente en la Región de Magallanes y Antártica Chilena, un buque carguero embarcó las últimas 72 mil toneladas de carbón desde el muelle de Isla Riesco, poniendo fin a esta historia, aunque todavía queda pendiente un último recurso legal, ante la Corte Suprema que podría revertir los acontecimientos.

Y hace tan solo unas semanas, se terminaron de cargar en el Muelle Mardones los barcos rumbo a Nueva Zelanda con las pesadas maquinarias, que fueron mudos testigos de un reciente pasado mejor en Magallanes.

Esas imágenes, que están en la retina de todos los habitantes de Punta Arenas, Río Verde y sus alrededores simbolizan la pérdida de casi 1.000 empleos de calidad directos en la operación, frustrando la estabilidad laboral, sueños y esperanzas de un mejor futuro de miles de personas que hacen patria en la zona más austral del país.

Esto se da justo en momentos en que Magallanes más necesitaba de empleos de calidad.

Muchos piensan que el Covid-19 es el gran culpable de la debacle económica que está viviendo Magallanes, pero son otros tantos y quizás muchos más de los que imaginamos los que no olvidan que esta triste y lamentable situación se inició mucho antes, cuando algunos no le dieron luz verde a la generación de trabajo, crecimiento y mejor calidad de vida para miles de magallánicos, sin ser capaces de ofrecer alternativas.

Chile lo estamos destruyendo entre nosotros mismos y eso viene ocurriendo desde hace rato. Algunos se ponen la venda en los ojos y no quieren ver la realidad en la que vivimos.