Estamos en uno de esos momentos históricos en que se define el futuro de al menos un par de décadas. Vivimos un proceso de intensa movilización social, un despertar colectivo, que junto a la pandemia, ha traído costos humanos y económicos incalculables y nos ubican en un momento muy especial en nuestra historia. Además, el trabajo de la Convención Constitucional abrirá cerrojos que estuvieron bloqueados muchas décadas y que le impedían a nuestra institucionalidad política hacer modificaciones estructurales.

Muchos esperamos que la institucionalidad que nazca de la próxima Constitución sea paritaria, plurinacional, más participativa y descentralizada. Un régimen de gobierno legítimo que habilite una nueva política receptiva, es decir, que tenga la capacidad de responder a las demandas ciudadanas, que conecte a quienes adoptan decisiones con quienes viven los resultados de las mismas. Sabemos que para que se implemente la nueva institucionalidad se requerirá un par de años. Por ello, el próximo Gobierno y Congreso no pueden solo ser de transición, sino que tienen enormes desafíos que enfrentar.

En primer lugar, a diferencia del actual Gobierno, tanto el futuro Presidente como el Parlamento deben acompañar a la Convención en los meses de trabajo que le restan y generar las condiciones para que pueda redactar el nuevo Pacto Social con amplia participación ciudadana, ya que ello es clave para la legitimidad de la Nueva Constitución.

Luego, deberá cumplir con los mandatos constitucionales y dictar todas las leyes que se requieran para hacer realidad los derechos constitucionales y la nueva institucionalidad estatal. Ello, en tanto la nueva Constitución establecerá las bases de un nuevo modelo de desarrollo, que esperamos nos permita enfrentar la crisis climática, y también los fundamentos de nuevos sistemas de pensiones, salud, educación. Probablemente reconozca los derechos reproductivos y sexuales que hagan imperioso avanzar en legislar el aborto, y también se avance en una distribución más equitativa de las labores de cuidado. Sin duda que avanzaremos en descentralización, dotando de mayores atribuciones a los gobiernos regionales y comunales. Todo ello requerirá nueva legislación y modificar la existente.

La historia nos alcanzó; no podemos perder más tiempo. El futuro Gobierno y Congreso son los llamados a instalar propuestas e impulsar el debate en todos estos temas. Aquellos que insisten en mantener el status quo son, en este sentido, irresponsables, ya que solo intentan tapar el sol con un dedo, sin mirar de frente el futuro y hacerse cargo de los desafíos medioambientales, sociales y económicos de nuestro país.

Chile necesita un Congreso Verde y Paritario, con la capacidad de proponer, debatir y avanzar en la implementación del Estado Social de Derechos que está naciendo.