Un total de ocho millones de pesos tendrán que pagar cuatro exdirectivos de la Corporación Municipal de Punta Arenas (Cormupa) que fueron formalizados por desviar caudales públicos. Todos renunciaron a su derecho de ir a un juicio oral y accedieron a una salida alternativa.

Los hechos se remontan a septiembre de 2013. En su rol de secretario general, Hugo Bizama Pommiez suscribió un contrato de prestación de servicios con la empresa Chileduc. De acuerdo con sus bases, el objetivo del convenio era “la implementación del rediseño organizacional y modificación de los estatutos de la Cormupa”.

Según el requerimiento de la Fiscalía, la contratación de estas asesorías se hizo con fondos de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) del Ministerio de Educación. Por ley, estos dineros se usan para “el mejoramiento de la calidad de la educación subvencionada del país, a través de la provisión de recursos a los establecimientos con alumnos en situación de vulnerabilidad”.

El contrato se suscribió por un total de 33 millones de pesos. Bizama contó con la asesoría del exjefe de la División de Planificación Gonzalo Pumarino Vargas y del antiguo asesor jurídico de la corporación Humberto Hein Bozic. Ambos también fueron formalizados por desvío de fondos públicos.

Chileduc alcanzó a recibir 23.100.000 de pesos, correspondiente a dos cuotas del convenio. Los pagos fueron visados por la jefa de Finanzas y cuarta imputada de la causa, Katherine Urtubia Carrasco. “Conocía que dichos pagos eran relativos a asuntos que no tenían relación alguna con la educación o finalidad de la subvención otorgada por la Ley SEP”, indica el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes de la causa, los imputados tampoco se habrían asegurado que Chileduc cumpliese con las obligaciones del contrato. Hein Bozic –que después sería secretario general de la Cormupa– habría elaborado el informe final respecto a la propuesta de nuevos estatutos, una responsabilidad que correspondía a la empresa contratada.

Salida alternativa

La causa se inició por una querella interpuesta en agosto del 2014 por cuatro concejales de la municipalidad. Posteriormente presentaron acciones criminales el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la propia Cormupa, bajo la administración de Segundo Álvarez. Los imputados fueron formalizados por el Ministerio Público en julio del 2017 y han estado sin medidas cautelares.

Ayer el Ministerio Público se allanó a que la causa concluya a través de la suspensión del procedimiento, pero bajo dos condiciones: el pago de nueve millones de pesos y la fijación de domicilio por un año.

Tras la férrea oposición de las partes querellantes, finalmente estableció que los imputados paguen en total ocho millones a la Corporación Municipal. Los dineros serán destinados a la Escuela Paul Harris y al Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA). Ambas son entidades que no reciben ingresos por la Ley SEP.

Los exdirectivos aceptaron las condiciones. Si cumplen con los requisitos, en 12 meses más quedarán sobreseídos y sus hojas de antecedentes penales quedan limpias.