Ayer, el Tribunal Oral en lo Penal de Punta Arenas condenó a Alberto Quezada Muñoz a casi siete años y medio de cárcel. Los jueces lo hallaron culpable por robar especies e incendiar la Capilla Nuestra Señora del Carmen, en Río Seco.

Los hechos que se dieron por acreditados por el tribunal ocurrieron el 31 de diciembre del 2020. En horas de la mañana, el condenado ingresó a la iglesia por una ventana y sustrajo dos equipos musicales, un cáliz de bronce, cuadros de pintura e incluso una sotana. Las especies –que están avaluadas en 300 mil pesos– se ocultaron en una camioneta.

Después el condenado regresó a la parte central de la capilla y prendió fuego a papeles y cartones apilados en el suelo. El incendio se propagó a otras dependencias y arrasó con la mayor parte de la estructura interior, que estaba construida de madera.

El siniestro fue advertido posteriormente por los lugareños. Aunque Bomberos contuvo la emergencia, la capilla quedó reducida a escombros. Según la sentencia, las pérdidas por el incendio alcanzan los 300 millones de pesos.

La intencionalidad del fuego

Durante el juicio comparecieron funcionarios de Carabineros, voluntarios de Bomberos y vecinos de Río Seco. Aunque la defensa alegó que el incendio inició por una falla eléctrica durante el robo, los jueces de mayoría dieron por acreditada la intencionalidad.

“Para borrar todo tipo de evidencia de su intervención, (el acusado) procedió a aplicar fuego al interior del recinto, incendiándolo, el que quedó destruido casi totalmente en la zona interior por la acción del fuego”, dice la sentencia.

El juez Julio Álvarez fue del parecer de absolver al acusado por el delito de incendio. Consideró que durante el juicio no se incorporaron pruebas para concluir que el fuego se inició por el apilamiento de papeles y cartones.

Las penas

Quezada Muñoz fue condenado a seis años de cárcel por incendio y otros 541 días por robo en lugar no habitado. La pena se pudo rebajar porque el tribunal reconoció la atenuante de colaboración con la justicia. Sin embargo, su extensión lo obliga a cumplirla de manera efectiva en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas.

La defensa tiene 10 días para recurrir a la Corte de Apelaciones.