Aunque falta armonizarlo, el borrador final de la Constitución ya está listo y dos derechos asoman en él como novedad: el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad y el territorio.

Al respecto, la Cámara Chilena de la Construcción declaró ayer: “La propuesta de texto constitucional establece que toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada y que el Estado debe tomar medidas para asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”.

Destaca que “es un avance que se busque consagrar constitucionalmente el derecho a la vivienda”.

No obstante, añade: “Para garantizar mejor este derecho hubiera sido preferible que –en vez de listar una serie de atributos que deben cumplir las viviendas, los que pueden ser inexactos o quedar obsoletos– solo se indicara que la política pública debe garantizar el acceso de las personas a una vivienda “adecuada”, concepto que está ampliamente desarrollado a nivel internacional y que se asocia a condiciones objetivas que pueden ser cumplidas”.

Agrega que “si no queremos que este derecho se quede en el papel, es fundamental que la acción del Estado no limite los aportes que en esta materia hacen la iniciativa privada (con y sin fines de lucro) y las organizaciones de la sociedad civil”.

Derecho a la ciudad y al territorio

El borrador constitucional también señala que todas las personas tienen derecho a habitar, producir, gozar, transformar y participar en ciudades y asentamientos humanos libres de violencia y en condiciones apropiadas para una vida digna. El derecho a la ciudad, según se agrega, se basa entre otras cosas en “la función social y ecológica de la propiedad”.

La Cámara reconoce que en las ciudades chilenas hay personas que viven en barrios que no ofrecen condiciones adecuadas para una vida digna, “por lo que el artículo es un paso adelante”.

Sin embargo, el gremio cree que se debiera plantear la “obligación” del Estado de “asegurar” a través de la política pública el cumplimiento de ciertos estándares urbanos mínimos en todas las ciudades y comunas del país y hacer referencia al rol que juega la planificación urbana en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas en las ciudades.

La Cámara afirmó que, al igual que en el caso del derecho a la vivienda, “tendría que consagrarse la colaboración entre el Estado, la iniciativa privada, las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades para cumplimiento de los objetivos que se persiguen”.