El asunto de los impuestos y del volumen de la carga tributaria del país, no debería convertirse en una cuestión doctrinaria ni dogmática. Lo importante es que los tributos no se conviertan en abusivos, y que la recaudación impositiva se traduzca en servicios públicos reales, de buena calidad y de amplia cobertura en los sectores sociales que se busca favorecer. Sucede con frecuencia en nuestro país que los nuevos tributos no llegan a los destinatarios ni cumplen los objetivos sociales propuestos al crearlos, en tanto que los servicios y prestaciones a la ciudadanía siguen siendo endémicamente mediocres, mal diseñados e insuficientes. Entonces, cabe preguntarse dónde quedan o se extravían los recursos obtenidos de las sucesivas reformas tributarias promovidas por los últimos gobiernos.

El BID acuñó el concepto de “filtraciones”, un eufemismo, para explicar la ineficiencia en la asignación de esos recursos, así como el desvío de los mismos hacia esferas de esmerilada opacidad.

El actual gobierno se alinea con los anteriores en su entusiasmo por subir la carga fiscal, impulsando una reforma tributaria que finalmente ni siquiera alcanzó el umbral de aprobación de la idea de legislar. Cuesta entender que a pesar de los ingentes recursos que se han recaudado en los últimos años para sectores como la salud y la educación, estos sean cada vez más deficientes y constituyan una de las causas más intensas de la frustración y el malestar de la ciudadanía. A veces queda la impresión de que los sectores de izquierda o autodenominados progresistas, tienen una fascinación y apego por el dinero impropio de quienes debieran favorecer la promoción social, al punto que es difícil diferenciar su sensibilidad hacia la riqueza de la de quienes la promueven y estimulan sin reservas, desde las entrañas mismas del sistema.

La reforma tributaria puede ser una herramienta para aumentar la recaudación fiscal, es cierto; hay que hacerla bien, con inteligencia, protegiendo a las personas. Pero también se pueden allegar recursos para las finalidades sociales propuestas reduciendo, cortando y reasignando recursos que actualmente no generan ningún valor. Si hay algo reprochable de la gestión de los gobiernos de los últimos 30 años, es sin duda haber invadido sin recato la administración pública de miles de activistas, operadores y agitadores políticos, a los cuales se les paga un sueldo todos los meses por labores improbables o que, en cualquier caso, son absolutamente prescindibles. Se ha trastocado brutalmente el sentido del servicio público, pasando desde uno enfocado en servir a la ciudadanía a otro dedicado a servirse del Estado sin ninguna inhibición. A su vez, en las esferas más altas de la administración y en los ámbitos de la conducción superior del Estado, se ha ido generando una creciente presión inflacionaria de asesores con remuneraciones que en algunos casos llegan a ser lesivas para las personas comunes y corrientes.

No se entiende que en un país pequeño, modesto y más bien pobre como el nuestro, los ministros y subsecretarios contraten y dispongan de decenas de asesores que cada mes gravan al erario con ingentes recursos. Esta es un área, además, en la que habitualmente se practica el amiguismo, el nepotismo y la compensación de favores pasados, abonando un enorme sector prebendario que lastra la administración con inequidad, falta de mérito y dispendio de recursos públicos.

Entretanto, las contrataciones en el Estado aumentan, los gastos superfluos crecen, los servicios siguen siendo malos y, finalmente, la cuenta la tenemos que pagar todos los ciudadanos, el sufrido pueblo de Chile.