Al Senado pasó el proyecto de ley que consagra el “Derecho al Olvido Financiero” que establece que las deudas impagas que se hicieron exigibles o fueron extinguidas durante el plazo de cinco años, deberán ser eliminadas por la banca o la entidad financiera de forma automática de sus registros. También se considera a aquellas que fueron saldadas fuera del plazo establecido y que se mantienen en los informes al momento de solicitar un crédito.

La iniciativa señala que los datos deberán ser borrados sin necesidad de solicitud, orden judicial ni instrucción de una autoridad, siempre que no existan razones legítimas para que sean conservados.

El proyecto fue presentado por la diputada Javiera Morales, quien expresó que “con esta iniciativa se busca aliviar a las personas, emprendedores y pymes que se encuentran angustiados por las deudas que surgieron por la pandemia o por otros motivos, incluso muchos años atrás, y hoy son discriminados con altas tasas de interés o dificultades para acceder al crédito. Se trata de otorgar alivio y una segunda oportunidad a las familias”.

Por otra parte, se prohíbe que dichas entidades puedan contactar mediante llamados, carta, correos u otros medios a cualquiera de los consumidores por el cobro de la deuda prescrita y establece sanciones e indemnizaciones en caso de que estos hechos ocurran. Además, en caso de que se niegue entregar algún servicio financiero, éste debe ser fundamentado al usuario.

Finalmente, la parlamentaria magallánica dijo que “esta iniciativa es parte del acuerdo suscrito entre el Gobierno y las Pymes en las conversaciones para sacar adelante el aumento del sueldo mínimo a 500 mil pesos, el cual cumplimos como parlamentarios. Impulsamos eliminar esta injusticia que viven aquellas personas que incluso tienen deudas prescritas o saldadas y siguen apareciendo en los registros bancarios. No se entiende que en Chile los delitos penales prescriben, y se borran los antecedentes, pero si alguien se atrasa en pagar una deuda eso te persigue por décadas”.

El proyecto fue despachado al Senado donde será discutido en la Comisión de Economía de la Cámara Alta para avanzar en su pronta tramitación.