La muerte de un hijo es uno de los episodios más dolorosos y traumáticos que puede vivir una persona.

Para los padres que han sufrido este dolor, el mundo parece quebrarse, mientras una parte de sí mismos, pareciera morir irremediablemente en el corazón y el alma de las personas.

De acuerdo a las últimas cifras oficiales, la escalofriante realidad nacional es que las cifras de niños, niñas y adolescentes que mueren a raíz de causas violentas, no ha dejado de crecer en nuestro país en los últimos años, a pasos acelerados, como si una parte del alma de nuestro país, está muriendo silenciosamente en Chile, como un grito desgarrador ahogado en la impotencia de las políticas públicas implementadas hasta ahora, para combatir la delincuencia, a nivel nacional.

Aunque las cifras globales de homicidios disminuyeron, “si uno se va a niños, niñas y adolescentes, o sea, hasta los 18 años, aumentaron las muertes un 15% entre el 2023 y el 2024. O sea, pasamos de 66 homicidios en el 2023 a 77 en el 2024. Y esas cifras son alarmantes”, nos dice Loreto Moore, directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, quien nos visitó en el programa Las Cosas por su Nombre.

¿Y MAGALLANES?

En este contexto, sin embargo, la realidad de Magallanes todavía no aparece fielmente reflejada en las estadísticas nacionales, las cuales en este apartado aún no están del todo deslglosadas por región.

En cambio, Magallanes ofrece un matiz ciertamente desgarrador: la región más austral de Chile lidera las tasas de explotación sexual de niños y adolescentes, a nivel nacional, una situación que empezó a perfilarse ya hace poco más de una década y que, rápidamente, fue escalando hasta que posicionar a esta región entre las zonas más afectadas del país.

Entre los años 2022 y 2023, la región reportó una de las tasas más altas de victimización en todo el país, con 113 víctimas entre 2022 y 2023.

Desgraciadamente, a partir de estas cifras, queda de manifiesto que la violencia en contra de los menores, en todas sus formas, homicidios y violencia sexual, lisa y llanamente, está ganando la batalla con ominosas perspectivas para el futuro del país y de nuestra región.

Moore es enfática en la necesidad que el cuerpo social de nuestro país y nuestra región deben reaccionar cuanto antes.

“Que aumenten los crímenes de niños, niñas y adolescentes, es algo que tiene que movilizarnos. O sea, no podemos quedarnos indiferentes ante esas cifras”.

-¿Ésta es una situación puntual o viene dándose de años anteriores?

“No, viene aumentando de años anteriores. Y lo más grave es que hay muchas “causas indeterminadas de muerte”, que pueden ser homicidios también... Y un gran porcentaje son, y esto es mucho más grave, hechos que se producen dentro de un contexto de violencia intrafamiliar”.

-¿Y cómo ha avanzado este fenómeno?

“Ha aumentado, sobre todo en las edades entre 14 y 17 años. Ahí. hay mucho homicidio. También, el homicidio de niños es como una U. Hay mucho en el primer año de vida y luego baja y después, aumenta mucho entre los 14 y los 17 años”.

-¿Qué otros antecedentes tienen?

“Lo de este año no tenemos ningún desglose todavía y es súper interesante esperar ese desglose porque no sabemos ni las causas de la muerte, ni las regiones, ni las edades. Solo sabemos que aumentaron de 66 a 77 casos. Pero, para poder incidir en la política pública o buscar soluciones, necesitamos un poco más de información desagregada, que va a estar pues ya la pedimos por transparencia, pero todavía no la tenemos. Hicimos un diagnóstico el año pasado de homicidios de niños en general y formamos un grupo intersectorial con 11 instituciones del Estado para trabajar en forma coordinada con ellos y buscar un diagnóstico claro y soluciones. Porque no se gana nada con seguir viendo qué pasa. Hay que buscar soluciones concretas. Y en eso estamos. Ya llevamos cinco sesiones de esta mesa, de este grupo intersectorial, donde participan, por supuesto, la Fiscalía, Servicio Médico Legal, Ministerio de Salud, Educación, Defensoría de la Niñez, todas las instituciones relacionadas con la prevención, la detección y la investigación de homicidios de niños, niñas y adolescentes...

-Ustedes no tienen cifras de este año, pero sí, me imagino, tienen las cifras desglosadas de los años anteriores.

“Sí, de años anteriores tenemos”.

-¿Y cuáles son las causas que ustedes más les preocupan al analizar esas cifras?

“Lo que más preocupa es la violencia intrafamiliar, el porcentaje de víctimas por violencia intrafamiliar. Y hay otro tema, porque una cosa son las cifras oficiales de homicidios, pero hay una cantidad también de causas de muertes de niños indeterminadas, que esas no son homicidios, son muertes. Y ahí se esconde mucho homicidio también. O sea, hay mucha causa que las instituciones no logran descifrar por qué murió, pero ahí puede haber mucha violencia intrafamiliar. Y nosotros también estamos trabajando para lograr soluciones para esos temas también. Protocolos, por ejemplo, de autopsia de niños que hoy no existen,

-Me imagino que esto pasa también en todo el mundo, no es que sea solo en Chile.

“No, claro. A nivel internacional las cifras de homicidio de niños son altas. Nosotros hemos traído especialistas. El año pasado hicimos un seminario donde trajimos una tanatóloga de niños, un pediatra forense, experto en niños, en violencia de niños. Trajimos un exfiscal y un exdetective para estudiar todas las etapas, la prevención, la detección y luego el enjuiciamiento. O sea, ver qué es lo que pasa en todas las etapas a nivel internacional y tratar de buscar las mejores prácticas para atraerla a Chile.

- Ok. ¿Y cómo estamos? ¿Estamos cerca? ¿Estamos lejos? ¿Cuál es la distancia que tenemos respecto de ese mundo? Porque Chile es parte de la OCDE...

“Y es un país que tiene un nivel de desarrollo alto. O sea, medio alto al menos. Yo creo que nuestro mayor problema es la descoordinación entre las instituciones. Yo no creo que estemos tan lejos de lo que se hace en otros países. El problema que tenemos es que no trabajamos en forma coordinada las distintas instituciones. Y eso es lo que estamos tratando de lograr con este grupo intersectorial. Que, por ejemplo, el Ministerio de Educación pueda conversar con el Ministerio de Salud. Que se puedan traspasar la información de qué está pasando con nuestros niños, poder prevenir.

-Magallanes tiene la tasa más alta en Chile de explotación sexual. 113 víctimas entre 2022 y 2023. 113 víctimas.

“Sí, eso entiendo que es la cifra. Es la cifra más alta a nivel nacional. Bueno, y ahí hay mucho que hacer también. Falta mucha prevención. Nosotros hicimos un piloto hace un par de años en la región de Aysén, una zona que también tenía una alta tasa de explotación sexual. Hicimos un piloto de cómo actuar frente a una develación de un niño. O sea, lo hicimos en escuelas. Casi en todas ellas, yo diría que un 80% de las escuelas de la región de Aysén, porque los profesores de las escuelas están obligados a denunciar ante una develación de un abuso sexual, un abuso o un caso de explotación sexual que ellos detecten. Y fue impresionante, porque lo que detectamos es que los profesores saben que hay que denunciar, pero no se atreven. Por ignorancia, porque creen que no es su obligación, pero un profesor, así como un profesional de la salud, están obligados a denunciar si es que un niño les devela algún acto de connotación sexual. Y esa develación generalmente los niños la hacen a gente como un profesor, que es alguien de confianza”.

-O que ha construido alguna confianza.

“Exactamente. Bueno, no es una situación fácil. O sea, es una situación compleja. Y si no ha sido preparado, no ha sido previamente instruido adecuadamente, realmente es fácil que alguien piense que no tiene que hacerse parte. O sea, eso requiere un trabajo previo. No es una cosa automática.

-No sé si lo pasarán en las universidades, pero requiere que haya una preparación previa.

“Ese es un súper buen punto. Nosotros estamos también tratando de conseguir que en las carreras de pedagogía, al menos pasen en algún módulo este tema, porque es un tema súper importante y es una obligación por parte de los profesores”, destacó la directora ejecutiva de la Fundación Amparo y Justicia, quien enfatiza que el trabajo de esta entidad financiada 100 por ciento por fondos privados, ha buscado y encontrado la colaboración en el sector público para impulsar las mejores políticas públicas ante una realidad especialmente dolorosa y que crece silenciosa ante nosotros.