Dagoberto Reinuava del Solar, se desempeñó como abogado procurador fiscal del Consejo de Defensa del Estado (CDE) en Punta Arenas, sin embargo, el 4 de octubre de 2021, el entonces presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, le impuso la medida disciplinaria de destitución, por supuestas graves faltas a la probidad.

Los hechos de la causa dicen relación con el sumario administrativo iniciado en 2020 a raíz de la denuncia que realizan los funcionarios del servicio en la región, acusándolo de acoso sexual, acoso laboral, y maltrato laboral. Por esto mismo, el abogado dejó el cargo, pero se negó a tomar el traslado que le ofrecieron y decidió someterse a la investigación. Mientras se realizaban las indagaciones, el abogado ejerció su profesión en la compañía de sus socios. Reinuava explica que estas personas, no él, contaban con clientes que tenían conflictos legales con el Estado. Asegura que posterior a esto, se le imputan infracciones a la probidad y un eventual conflicto de intereses.

Ante la sanción, Reinuava demandó al Consejo de Defensa del Estado por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del despido, ante el Juzgado del Trabajo de Punta Arenas, donde el juez Franco Reyes Pozo, en un fallo de fecha 17 de febrero de 2023, resolvió que se había transgredido el derecho a la igualdad y libertad de trabajo, por lo que instruyó al presidente del CDE dejar sin efecto la destitución, aplicando una medida de menor intensidad, que proceda de acuerdo al mérito del sumario.

Al respecto, hubo un nuevo fallo en la Corte de Apelaciones de Punta Arenas el 28 de junio, rechazando la demanda interpuesta por Reinuava, asegurando que se corroboraron “una serie de hechos que dan cuenta de situaciones que ponen en riesgo el interés público asociados a la labor que cumplía”.

El CDE dice que durante la investigación interna sólo se dieron por acreditados los cargos de ausencias reiteradas a su jornada de trabajo, sin causa justificada; incumplimiento de instrucciones superiores y tareas de comité; acoso laboral; infracciones graves al deber de probidad. Los cargos de acoso laboral y sexual iban aparejados, pero en el sumario los separaron, dando por probado sólo el acoso laboral.

Por su parte, Reinuava asegura que fue absuelto de los cargos de acoso, sin embargo, tiene algo más que decir respecto de las otras acusaciones, por lo mismo, quiso dar su versión de los hechos a Pingüino Multimedia.

- Abogado, respecto de la investigación interna ¿en qué terminó finalmente?

“El Consejo de Defensa del Estado empezó a investigar lo que yo empecé hacer después de que salí del cargo, una empresa con unos colegas, los cuales por su cuenta tienen juicios iniciados contra el Estado con posterioridad a que yo dejé el cargo. El asunto está en que la Contraloría en 2020, dijo que si una sociedad de abogados tenían causas contra el Estado y había uno que era funcionario, eso no era un conflicto de interés, y no era un delito ni nada, decía incluso que si se quería que esto se transforme en un conflicto de interés, tenía que legislarse una nueva ley. Ese dictamen me favorecía.

Uno de mis colegas es abogado de Nova Austral, conocidos por tener conflictos con el Estado. El Consejo dijo que como estábamos bajo el mismo techo, no había un conflicto de interés real, material, verdadero, sino un potencial conflicto potencial y que eso era grave y que debía ser destituido.

Además me imputaron la inasistencia a una audiencia que era subalterna, y que yo me ofrecí a reemplazarla porque ella tenía alegato en la Corte, sin embargo no lo tuvo, así que debía ir a la audiencia, lo cual no hizo y se me culpó a mí. Luego, además porque no contesté cuatro mails a un funcionario de Santiago respecto de un recuso que pretendía alegar a la vuelta de mis vacaciones, eso fue considerado como que me había ausentado del trabajo”.

- ¿Cuál fue la explicación que dio la Corte respecto del fallo entregado?

“La Corte da un explicación muy genérica, dice que esto hay entenderlo en el contexto de la cultura del servicio, afirmando esto en tres artículos que dicen que en Chile se sanciona el conflicto de interés, pero que no establecen la conducta. No se hacen cargo de los dictámenes de la Contraloría, de los argumentos del juez de Trabajo. Dicen que difieren de él, pero que la situación es grave.

Lo que más llama la atención, y esto es mi opinión no una imputación, esta situación de que socios de abogados en el CDE lleven causas contra el Estado, no es algo que no ocurra. Hay consejeros del CDE que hasta marzo de este año, sus socios, litigaban por consorcios financieros contra la Comisión de Mercado Financiero, es decir el Estado.

Es la misma situación mía, pero ellos no tienen ningún castigo, que en mi opinión no corresponde porque están amparados por la Contraloría, pero tampoco tienen sumario ni ningún reproche. Entonces si a ellos no se les hace, creo que tampoco corresponde a mí.

Es más, uno de los consejeros, Daniel Martorell, dirigió la investigación interna por casi un año, en circunstancias que uno de los abogados de la empresa Nova Austral, que está nombrado por escrito pública la misma que nombra al abogado de mi oficina, es el sobrino del consejero. Eso sí por ley, es un conflicto de interés, sin embargo, en mi caso es conflicto de interés y en el de él, cuando se enteró, se inhabilitó y no hubo conflicto de interés. Hay un rompimiento de la igualdad ante la ley, que la Corte no se ha hecho cargo.

Hay más, existe un consejero que tiene un socio que litigia contra la Comisión de Mercados Financieros, en 2020, le fue reprochado por la Contraloría el haber sido abogado patrocinante y defensor de una empresa vinculada al proyecto Pascualama, en circunstancias en que esa empresa tenía situaciones de conflicto con el Estado. Contraloría le dijo al Consejo, ‘tome medidas’, y por lo que entiendo, las medidas aún no existen. Estoy hablando del consejero Rodrigo Quintana.

Esta situación de desigualdad ante la ley, es lo que yo reclamé y que la Corte no se hizo cargo. No quiero pensar que por haber reclamado esto, el Consejo se enconó contra mí.

Vamos a llevar esto a la Corte Suprema y a la Contraloría, al igual que toda instancia que sea necesaria. Queremos una manifestación al respecto”.