Ya son 10 las regiones que tienen investigaciones en el denominado caso Convenios, porque ahora se suma la Región de Magallanes. La Fiscalía Regional indaga un eventual delito de fraude al fisco en el traspaso de recursos desde la seremi de Vivienda a la Municipalidad de Porvenir, que contrató, a su vez, a la fundación ProCultura. Nombre ya conocido en esta causa.

El fiscal regional, Cristián Crisosto, se refirió a esta nueva investigación, cuyas diligencias están en manos de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI.

“Se están investigando unos fondos que fueron entregados a la Municipalidad de Porvenir, a su vez contrató a una fundación, de nombre Fundación Procultura. Esto se está investigando, básicamente una posibilidad de un delito de fraude al Fisco, y esto nace a partir un convenio suscrito por la seremi de Vivienda y Urbanismo con la Municipalidad de Porvenir”, indicó el persecutor.

Mañana a las 9.30, el fiscal nacional, Ángel Valencia, sostendrá una reunión con todos los persecutores regionales, donde se compartirán antecedentes de las investigaciones que están en curso y sobre la creación de fundaciones.

Además, el fiscal regional reconoció que la investigación se inicia tras la denuncia presentada por un diputado de la región.

Si bien Crisosto no especificó quien fue el diputado que presentó la denuncias, fue el propio Christian Matheson quien reconoció haber realizado la entrega de los antecedentes.

Todo se repunta al pasado 18 de julio, cuando el diputado Matheson se reunió con el fiscal Crisosto, en la ocasión el parlamentario hizo entrega de antecedentes que podrían ser constitutivos de delito y que, por la posible gravedad de los mismos, fueron entregados de forma privada a la autoridad regional.

Al respecto el diputado Matheson señaló que “hoy día todos estamos convocados a trasparentar y cuidar los recursos públicos que son de todos los chilenos. Debemos ser serios, porque no podemos seguir aceptando que unos pocos dañen nuestra institucionalidad, la fe pública y la labor de importantes fundaciones como, por ejemplo: el Centro de Rehabilitación del Club de Leones, que hace tan noble labor. Si alguien piensa que se puede sacar un dividendo político con un hecho como éste, está muy equivocado, mi actitud siempre será la misma. En mi rol de fiscalizador he sido serio y responsable, es por eso que hace 15 días atrás entregué antecedentes formales a la institución y hoy me entero de que se iniciará una investigación al respecto”, agregó Matheson.

El parlamentario, además agregó que “sinceramente espero que finalizada la investigación se encuentre todo en orden, porque es muy indignante que se haya creado una verdadera máquina para defraudar al Estado, y que esto vaya en directo perjuicio de nuestros compatriotas. Es que para muy pocos resulta creíble que se hayan adjudicado a dedo convenios millonarios”.

En este caso en particular de Porvenir, Matheson explicó que “quiero destacar la diligencia y eficacia de la Fiscalía Regional de Punta Arenas. Necesitamos organismos competentes, con profesionales de altísimo nivel a cargo de investigaciones que lleguen hasta las últimas consecuencias y trabajen de forma coordinada con otras instituciones para que de forma colaborativa se puedan cruzar los datos necesarios de la investigación en curso”.

Para finalizar, Matheson, recalcó que “es importante entregar certezas a la ciudadanía, no conjeturas. Hoy tenemos una ciudadanía que está informada y está muy pendiente del “caso convenios”. Basta ya, de enlodar y poner en jaque la probidad y fe pública. Para mayor justicia social se requiere transparencia y ganas de trabajar de verdad por la clase media y por quienes tienen más carencias”.

Alcalde Parada

El alcalde de Porvenir, José Gabriel Parada, se refirió ayer al caso convenios en donde la Fiscalía Regional anunció una investigación contra la Municipalidad de Porvenir por un convenio realizado con la Fundación Procultura.

El alcalde señaló que “la modalidad de trato directo con la cual se contrató a la Fundación Procultura fue la de servicios especializados para la etapa de diagnóstico del programa Pequeñas Localidades. Lo anterior por cuanto la municipalidad no está en condiciones de asumir su ejecución por la siguientes razones: la Municipalidad de Porvenir no contempla, dentro de su planta de personal, el personal idóneo, con la formación profesional o experiencia necesaria para el desarrollo de lo anterior, puesto que, la planta municipal, según se fijó en el Reglamento Municipal N°01, publicado en el Diario Oficial con fecha 19 de diciembre de 2019, únicamente regula las Unidades Municipales mínimas de la Ley N°18.695, sin que se considere un perfil profesional específico que implique el desarrollo de proyectos como el que se trata, de forma tal que, las labores de que se trata no pueden ser desarrolladas por personal propio del Municipio”.

Parada fue claro en indicar que “no existe ilegalidad alguna en esta contratación y en el actuar de la Municipalidad y cualquier declaración en estos términos le compete a Contraloría, entidad a la cual se puede presentar el requerimiento para que se analice por quien tiene verdaderamente la competencia pata resolverlo”.

Finalmente, la autoridad dijo que “los recursos no han sido transferidos a la fundación, están bajo la administración y control del municipio, se va cancelando de acuerdo con el cumplimento de los productos explicitados en el convenio, previo informes y visto bueno, de las respectivas unidades municipales, responsable de la ejecución del proyecto”.

Consejero regional Alejandro Riquelme

El consejero regional Alejandro Riquelme se refirió a la investigación que se iniciará por parte de Fiscalía por el convenio entre el municipio de Porvenir y la Fundación Procultura.

Riquelme señaló que “esto es solo la punta del iceberg, porque no hemos podido revisar como se ha gastado casi $5 mil millones. El gobernador (Jorge) Flies se ha rehusado y ocultado por casi un año la entrega de la totalidad de la documentación de los proyectos financiados a estas fundaciones, y me ha impedido indagar si existen delitos o irregularidades y por ende, desarrollar mi labor de fiscalización y supervigilancia que por ley tengo la obligación de ejercer como consejero regional”.

Agregó que “en particular la Fundación Procultura, nunca se le debió haber entregado un solo peso. Primero; porque no tenía domicilio en Magallanes, segundo porque tenía rendiciones pendientes según constató Contraloría, tercero, no tenían el giro para desarrollar estas actividades y finalmente porque triangulaban los dineros, que le llegaban a las manos de empresas de los mismos directivos de la fundación, que eran creadas un par de meses antes”.