El académico y exdiplomático Jorge Guzmán acusó a la Cancillería de aceptar una coadministración de facto de la navegación por el Estrecho de Magallanes, por parte de Argentina, la que ya se extiende por más de una década.

Guzmán se refirió en específico a la decisión de nuestro país de aceptar las restricciones impuestas por Argentina al libre acceso al Estrecho de Magallanes para las naves provenientes de los archipiélagos de las islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, en atención a una ley dictada por el Congreso de la Tierra del Fuego argentina.

El académico considera que a los Tratados de 1881 (Art. 5) y 1984 (Art. 10), Argentina está jurídicamente obligada a –“en cualquier tiempo o circunstancias”– a respetar el libre acceso de naves de todas las banderas a las aguas del Estrecho de Magallanes, situación que en los hechos no se está produciendo y que está afectando con especial fuerza a los buques de pesca chilenos o el reciente episodio de un buque inglés, al que se le negó el acceso de las aguas chilenas por provenir de las Islas Malvinas.

“Estamos en presencia de una coadministración del estrecho, no obstante que este pasaje es íntegramente chileno. Esto es más grave, pues, al momento de ratificar la Convención del Mar (1997), Chile depositó una reserva ante el secretario general de Naciones Unidas recordando, precisamente, la obligación argentina de respetar el libre acceso al estrecho”, dijo el diplomático.

Guzmán denunció que “por razones políticas incomprensibles, las autoridades chilenas parecen estar dispuestas a aplicar la “ley provincial” argentina “Gaucho Rivero”, que prohíbe el acceso a aguas de la Patagonia y la Tierra del Fuego argentinas a naves provenientes de archipiélagos bajo administración británica.

“En el caso de las aguas que enfrentan el Estrecho de Magallanes, esta prohibición es contraria a la ley internacional y a los tratados vigentes con nuestro país, enfatizó. “La “solidaridad chilena” con la ley provincial “Gaucho Rivero” obliga a naves de bandera nacional a rodear el archipiélago fueguino para ingresar al estrecho desde el occidente, con la subsecuente carga de días de navegación y gastos de combustible. Increíble”.

- ¿Qué se puede hacer?

“Todo esto resulta perjudicial para el interés de Chile y de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Por lo mismo, incluso antes que entre en aplicación una norma constitucional dedicada al Territorio Chileno Antártico, la lógica y la tradición indican que el Estado debe solucionar las dificultades impuestas a las pesquerías antárticas chilenas”.

Guzmán sostuvo que “No hacerlo (o demorarlo) importaría una contradicción legal, política y geopolítica, una inconsistencia con nuestra tradición de país polar, y un perjuicio para una actividad económica regulada, que por más de dos siglos contribuyó a nuestra posesión efectiva sobre cientos de miles de kilómetros cuadrados de geografía antártica y subantártica”.

-¿Y cuál debiera ser la acción de la Cancillería en este sentido?

“Chile tiene que hacer respetar el Tratado de 1984 y exigir que Argentina deje de exigir deje de poner restricciones porque aquí hay libertad de navegación y si usted dice ‘este entra y este no entra’, entonces no hay libertad de navegación y es una violación muy grave del Derecho Internacional y Chile con su tolerancia y su comprensión sigue contribuyendo a esta violación al Derecho Internacional”.

-Esta ley ha estado vigente por más de 10 años, o sea ha sido aceptada por distintos gobiernos...

“Es que eso es lo que estamos reclamando”.

Ley Gaucho Rivero

El 25 de agosto de 2011, la legislatura de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur aprobó la Ley Provincial 852 Gaucho Rivero, que impide el amarre de barcos británicos en Tierra del Fuego y además declara que la República Argentina tiene plenos derechos sobre los territorios de la provincia anteriormente mencionada sobre la Antártida e islas del Atlántico Sur.? 

A esta medida también se sumaron posteriormente las provincias de Santa Cruz y Chubut. 

El 2 de agosto de 2012 el Senado de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley Gaucho Rivero también prohibiendo el amarre, la permanencia, el abastecimiento u operaciones de logística en territorio de la Provincia de Buenos Aires de buques de bandera británica.

Anteriormente, el 14 de junio del mismo año, había sido aprobada por la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La ley explica que prohíbe la permanencia, el abastecimiento u operaciones de logística de naves de bandera británica en todos los puertos del litoral fluvial y marítimo de la provincia.

Hacia mediados de 2012 autoridades fueguinas solicitaron al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que pida a los países vecinos solidaridad con el bloqueo fueguino impidiendo el amarre a los buques que sean expulsados de Tierra del Fuego.

De esta manera declaró la ley con sus correspondientes artículos:

Artículo 1.º.- Reafirmanse los imprescriptibles derechos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes como parte integrante del territorio de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur conforme lo estipula la Ley nacional 26.552.

Artículo 2.º.- Prohíbase la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques de bandera británica o de conveniencia, que realicen tareas relacionadas con la exploración, explotación de recursos naturales, buques militares, dentro del ámbito de la cuenca de las Islas Malvinas sobre la plataforma continental argentina.

Controvertida aplicación

La aplicación de esta ley ha sido controvertida incluso dentro de Argentina, pues si bien estaba pensada para los buques incluidos en el artículo 2, también ha afectado a cruceros afectando incluso la industria turística de Ushuaia.