Un procedimiento disciplinario, en orden a establecer las eventuales responsabilidades administrativas, ordenó la Contraloría en la Municipalidad de Porvenir.

La causa se origina respecto de una denuncia acogida a reserva de identidad, sobre eventuales irregularidades en la contratación de los servicios de asesoría legal de un abogado residente en Punta Arenas.

En dicha presentación, se indica que el alcalde de la capital fueguina habría realizado la contratación del referido profesional en el año 2022, sin autorización del concejo aun cuando aquella superaba las 500 UTM, detallando que durante el primer semestre de la mencionada anualidad se habría pagado un monto bruto mensual de $2.639.995, y posteriormente, según modificación de contrato, se efectuó un pago de $5.279.990, en el mes de junio de la misma anualidad. Se agrega que, para el año 2023, se llevó a cabo una contratación directa de los servicios jurídicos del mismo abogado por un monto anual de $58.000.000.