El académico de la Universidad Autónoma y exdiplomático Jorge Guzmán llamó al Gobierno a adoptar un enérgico cambio de rumbo en su relación con Argentina, luego que un pesquero chileno fuera interceptado y multado por un buque argentino, en aguas del Atlántico.

La autoridad transandina sostuvo que el incidente se produjo en aguas de la Zona Económica Exclusiva de ese país, para las que el barco chileno no contaba con la autorización argentina.

 Guzmán afirmó que “el incidente se produjo a la cuadra de Comodoro Rivadavia, cuando, fuera de la Zona Económica Exclusiva argentina -enfatizó el analista- el buque chileno fue interceptado por no contar con autorización para operar en puertos argentinos. El remolcador provenía de aguas de las islas Falkland/Malvinas y, por lo que se sabe, también estaba más allá de la milla 200 contada desde la West Falkland. La nave no tenía como destino un puerto argentino, sino un puerto uruguayo”.

¿Qué significa?
Agregó que “el incidente debe leerse como un intento de ejercicio de jurisdicción, inaceptable conforme con lo prescrito en el Derecho Internacional del Mar. Al momento de la intercepción el buque estaba más allá de la jurisdicción argentina, haciendo uso de su derecho a la libre navegación. Éste es un derecho expresamente consagrado en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Argentina parece querer sentar el precedente de que, en materia de navegación en el espacio marítimo circundante a las islas Falkland/Malvinas, su normativa interna impera sobre la norma internacional.... Dicho de otra forma, que en el Atlántico Sur nuestra navegación debe ajustarse a la normativa argentina para Malvinas”.

Acciones
Guzmán afirmó que “la circunstancia y el interés del país aconsejan que lo primero es representar al gobierno argentino que Chile no reconoce -porque no puede hacerlo sin violar el Derecho Internacional- su intento de jurisdicción en Alta Mar. En ese mismo plano, es fundamental reiterarle el apego de Chile al principio de libre navegación, ya sea en Alta Mar, o al interior de la Zona Económica Exclusiva”.

Agregó que “el Gobierno debe respaldar al armador chileno afectado, en tanto éste no tiene obligación de comparecer ante ninguna autoridad argentina. No ha cometido ninguna infracción y, además, en Alta Mar esa autoridad carece de competencias”.
A la par, añadió que “es necesario recordarle a Argentina su obligación de respetar la libre navegación al ingreso y la salida del estrecho de Magallanes. Conforme con los tratados vigentes, ese país está solidariamente obligado a respetar dicha libertad. También es urgente reiterarle que ningún control conjunto del estrecho es posible”.
El analista sostuvo que “Chile debe -además- reevaluar la naturaleza de su solidaridad con la causa de Malvinas. Hay que precisar que ésta no puede -de ninguna forma- afectar la aplicación de los tratados de 1881 y 1984. Por ello, en el futuro, ninguna declaración presidencial, ministerial o sectorial conjunta debe avalar el reclamo argentino sobre espacios marítimos circundantes a los archipiélagos del Atlántico Sur (desde los cuales Argentina pretende validar su reclamo sobre la Antártica Chilena y parte de nuestro Mar Austral)”.

Por lo mismo, declaró que “el análisis de estas complejas materias debe incluir el problema de la plataforma continental al sur y al sureste de los archipiélagos del Cabo de Hornos y Diego Ramírez, asunto ya derivado a la Comisión de Conciliación del TPA. Debemos prepararnos para un largo y complicado litigio austral-antártico con Argentina”, sentenció.

En este sentido, afirmó que las simpatías o antipatías coyunturales entre gobiernos, no deben impedir (ni afectar) nuestro análisis. “No hacerlo dejará la relación bilateral a merced de la reacción del gobierno de turno ante el problema del minuto y, a largo plazo, afectará el interés permanente de la República. Eso no debe ocurrir”.