El pasado lunes 6 de mayo el Consejo Regional de Magallanes en votación dividida no aprobó el Plan Regulador Intercomunal (PRI) de Magallanes y Tierra del Fuego. El resultado de la votación 6 votos en contra, 5 a favor y 3 abstenciones, en donde ninguna opción alcanzó el 50%. El proyecto buscaba financiar la elaboración del Plan Regulador Intercomunal con la finalidad de zonificar el territorio desde distintos usos e iniciativas, determinando áreas de extensión urbana, sitios de protección, cambios de uso de suelo, zonas de protección o áreas inundable o riego, entre otras. Sin duda un instrumento de planificación indispensable considerando las necesidades actuales (ejemplo ciudades satélites) o futuras (ejemplo industria del hidrógeno). Sin embargo, casi todas las líneas argumentativas de las consejeras y consejeros, a favor o en contra, tuvieron relación con la regulación del territorio para la industria futura, habiendo otras necesidades apremiantes.

Si bien fue mencionado en la discusión, interesante hubiese sido determinar cual es el instrumento de planificación más adecuado, de acuerdo a los objetivos trazados por el Gobierno Regional. Con esa claridad probablemente las y los miembros del Consejo Regional habrían podido desarrollar un debate más conducente (pero hace rato que el diálogo no es fluido ni directo entre el ejecutivo y el cuerpo colegiado). Donde creo todos podían concordar es en la necesidad de actualizar y ocupar el Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), el cual es un instrumento que orienta la utilización del territorio de la región para lograr su desarrollo sustentable a través de lineamientos estratégicos y una macro zonificación de dicho territorio, siendo necesario además que sea sometido a Evaluación Ambiental Estratégica (como una forma de facilitar la identificación y el debate en torno a las opciones de desarrollo sustentable). A diferencia de otros instrumentos el PROT ancla la planificación desde el componente ambiental para poder proyectar el crecimiento económico y la equidad social (los otros componentes de desarrollo sustentable). Sin embargo, se optó por otro instrumento, quizás por premura, ya que falta tiempo aún para que se apruebe el reglamento que lo regula.

El ejecutivo del Gobierno Regional creyó apropiado que, para los objetivos propuestos, como una forma de ordenar y proyectar el desarrollo del territorio, se utilice como instrumento de Planificación el Plan Regulador Intercomunal (PRI), en este caso para las comunas de las provincias de Magallanes y Tierra del Fuego. Sin reconocerlo públicamente, seguramente es una forma más expedita de orientar y regular el desarrollo físico en el territorio debido al inminente arribo de empresas asociadas al hidrógeno verde. Lo que no queda claro es si es para facilitar o controlar la instalación de la industria. Por otro lado, el PRI, de acuerdo a la ley, regula el desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad urbana. La definición implica que el instrumento se aplica en aquellas comunas con unidad urbana, entendiéndose con ello a dos o más comunas próximas que mantienen relaciones funcionales estrechas. Yo no soy abogado, pero, tratando de entender la aplicación del PRI en la región, da la impresión que la definición o interpretación de la ley no se ajusta a nuestra realidad. Quizás sería interesante que el proyecto pueda declarar explícitamente cuales son las relaciones funcionales que definen una unidad urbana en el presente o en el futuro (como resultado de la planificación) en las comunas involucradas de la región. Un tecnicismo que podría ser fundamental en la concreción de los desafíos de planificación.

Ante la falta de pronunciamiento del CORE la responsabilidad de los pasos a seguir queda en manos del Gobernador. Puede optar por asignar los fondos directamente o volver al pleno del CORE para repetir la votación y lograr la aprobación. Sea cual sea el camino es indispensable poder difundir y aclarar los objetivos y alcances del instrumento a aplicar. Debemos procurar el desarrollo armónico y sustentable del territorio y para ello la participación ciudadana es fundamental.