La justicia es representada por una mujer con una venda en los ojos sosteniendo una espada en una mano y una balanza en la otra, simbolizando poder y los debidos contrapesos de equidad y objetividad sin distingo alguno, obviando el poder, la riqueza u otro estatus. Sin embargo, en Chile tenemos la sensación (basada en hechos claros y públicos) que la Justicia comúnmente se saca la venda y le hace un guiño al poder y a la riqueza. El caso Macaya nos restriega una vez más en la cara una realidad indignante, vulneradora y antidemocrática que en Chile existe una justicia para ricos y poderosos y otra para los pobres.

Luego de una extensa y documentada investigación Eduardo Macaya, empresario agrícola, dueño del fundo Santa Elena, padre del senador y vocero de la UDI Javier Macaya, fue condenado a la pena de 6 años de presidio por abuso reiterado de menores de 14 años (si, en plural, y eso que la corte desestimó delitos de abusos a menores de 7 y 8 años). Si bien el caso está lleno de hitos de trato privilegiado (recordamos que pagando 150 millones ya había salvado de una prisión preventiva) y que la condena tiene una pena reducida para la gravedad de los delitos, el país se enteró con estupor e indignación que la corte de apelaciones de Rancagua revocó la medida cautelar de prisión preventiva, permitiendo que el abusador de menores espere en su domicilio hasta que la sentencia quede ejecutoriada. El pederasta condenado Macaya alcanzó a estar pocas horas preso, aunque no estuvo en celda sino en una sala con baño privado del hospital institucional (Gendarmería abrió un sumario interno para esclarecer los privilegios del condenado). Plop! Diría Condorito y la única explicación posible es la cortesía al poder y el dinero, en desmedro de la seguridad de las menores de edad, en desmedro de las víctimas.

Lo anterior ocurre sólo un día después que el senador Macaya haga una defensa pública de su progenitor condenado a través de un canal de televisión. ¿Coincidencia cree usted? Lo cierto es que el senador y vocero de la UDI en forma irresponsable se dio el lujo de insistir en la inocencia de su padre a pesar de haber sido condenado por la justicia, se permitió hacer una defensa de la intimidad de su padre al haber sido grabado sin consentimiento, sin importarle los derechos de las victimas menores de edad abusadas (una de las cuales hizo la grabación para demostrar los hechos), y tuvo la desfachatez de cuestionar la integridad del video probatorio el cual ya había sido periciado y admitido como prueba en el juicio. Seguramente habrá gente que pueda justificar el rol de acompañamiento de un hijo a un padre, pero otra cosa muy distinta es salir a defender un pederasta condenado y tratar de invalidar los hechos ya probados.

Por otro lado, no podemos permanecer indiferentes frente a la conducta del hijo del pederasta considerando su función como senador. El legislador en su entrevista ha intentado cuestionar a las víctimas y negar los hechos ya probados. Su conducta no es solamente cuestionable sino inaceptable. En su rol y representación política como senador y presidente de la UDI (hasta ayer) tiene el deber de defender los derechos de las y los menores, dando señales claras de respetar las instituciones y los fallos judiciales, teniendo una posición clara en defensa de las víctimas. Es al menos observable que la UDI, partido que preside Macaya, haya guardado un silencio cómplice, a pesar que el senador compromete posiciones políticas en la defensa de su padre (sólo ayer martes algunas mujeres de Chile Vamos se pronunciaron tímidamente). Recapitulando, ahora me acordé que la UDI no ha tenido un comportamiento muy apropiado en estas materias.

Todos debemos concordar que el abuso sexual infantil es un delito severo que no debemos relativizar ni dejar pasar sin drásticas condenas. El caso Macaya es un llamado de alerta a cómo el sistema judicial debe obrar para proteger a las víctimas y lograr penas ejemplares, y es un llamado al Poder Legislativo para corregir los errores observados para mejorar los medios probatorios y lograr la protección de las victimas. De igual forma, es un llamado a cada uno de nosotros para hacernos cargo de acabar de una vez por todas con esta sensación justificada y documentada de que la justicia chilena se saca la venda para favorecer a los ricos y poderosos.