Un hito en el panorama financiero chileno. Así es como muchos están llamando a la Ley de Deuda Consolidada, normativa que busca centralizar la información crediticia de personas y empresas, prometiendo transformar la dinámica del mercado inmobiliario y financiero. Pero ¿Será esta transparencia un elemento realmente positivo o un obstáculo para el sector?

Si bien, en principio, la ley persigue objetivos positivos, como reducir el sobreendeudamiento, mejorar la educación financiera y fortalecer la fiscalización. La consolidación de datos crediticios, incluyendo aquellos de mutuarias y casas comerciales, permitirá a las entidades financieras realizar evaluaciones de riesgo más precisas, lo que podría tener consecuencias inesperadas.

Muchos chilenos, aparentemente solventes según los registros actuales, podrían enfrentarse a una realidad financiera más compleja al revelarse deudas que antes no se visualizaban. Este “sinceramiento” financiero podría resultar en un mercado crediticio más restrictivo, afectando especialmente a quienes buscan adquirir propiedades.

El sector inmobiliario, que desde hace tiempo viene enfrentando desafíos por las restricciones bancarias existentes, podría experimentar una desaceleración aún mayor. La nueva radiografía financiera de los potenciales compradores podría llevar a los bancos a endurecer aún más sus criterios de aprobación de créditos hipotecarios.

Es por esto que se genera una paradoja: mientras se busca proteger a los consumidores del sobreendeudamiento, se podría estar limitando su acceso al crédito y, por ende, a la vivienda propia. El mercado inmobiliario, vital para la economía, podría verse frenado en su dinamismo, detonando una crisis adicional a las que ya ha enfrentado y enfrenta el sector, producto de la “permisología”.

Ante este panorama, es probable que veamos un cambio en la estructura del mercado. Los grandes actores, como las empresas de multifamily, podrían ganar terreno frente a los compradores de a pie. Esto podría resultar en un mercado inmobiliario dominado por arrendamientos corporativos ,más que por propietarios individuales.

Entendiendo que la transparencia financiera es fundamental, hay que considerar sus implicaciones a largo plazo y preguntarse si realmente estamos preparados como sociedad para enfrentar esta nueva realidad crediticia.

La implementación de esta ley deberá abogar por un equilibrio entre la prudencia financiera y el estímulo económico. Será fundamental monitorear de cerca sus efectos y estar dispuestos a realizar ajustes que garanticen un mercado inmobiliario saludable y accesible para todos los chilenos.