Una jornada de gran importancia para el futuro se vivirá hoy en Punta Arenas durante la sesión de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (Crub), una instancia que no se convocaba hace ocho años y que reúne a más de 40 actores públicos y privados.

En la ocasión, se votará tres importantes proyectos para la región, aunque con implicancias legales diferentes.

Hidrógeno verde

Una de las votaciones más esperadas es la resolución de la CRUB sobre las solicitudes de concesión marítima presentadas por las empresas HNH Energy y TEG Chile, para establecer dos grandes megapuertos en la región, el primero de ellos en la comuna de San Gregorio y el segundo en la de Primavera, Tierra del Fuego.

Se trata, no obstante, de una votación que no es vinculante, aunque sí necesaria para el avance de estos proyectos.

En el caso del proyecto de HNH Energy, en San Gregorio, sin embargo, deberá enfrentar la oposición de unas 30 organizaciones sociales y particulares, que han manifestado serios reparos a la iniciativa.

Entre éstos y contra lo asegurado por la empresa, aseguran que ésta no ha establecido las líneas de base necesarios para un adecuado monitoreo ambiental de esta gran inversión.

Critican que el proyecto para generar amoníaco verde significará instalar un gran parque eólico en un lugar cruzado por rutas migratorias de gran número de aves y, también, que el puerto se emplaza en un lugar de gran variabilidad de mareas, lo que genera una riqueza natural en la zona, que la actividad portuaria industrial a gran escala asociada a este proyecto, afectaría gravemente.

También se critica que el emplazamiento de puerto, en Bahía Gregorio, sería muy inadecuado dadas las fuertes corrientes del sector y las características del lecho, lo que obligará a construir enormes muelles de hasta tres kilómetros de largo, todo ello, al lado de otro puerto que levantará ENAP, en las cercanías, afectando el desarrollo de esta empresa estatal.

Pero acaso una de las mayores críticas es el hecho que el amoníaco, principal producto que será elaborado y exportado por este proyecto, es un combustible extremadamente volátil, lo que pondría en riesgo a la comunidad, pues, según aseguran, el estudio de impacto ambiental no consigna que a 100 metros hay una carretera y a 400 metros hay casas.

Más aún, en las inmediaciones se encontraría un campo de entrenamiento militar del Ejército de Chile, haciendo aún más riesgosa toda la operación, aseguran sus críticos.

Ley Lafquenche

Aún más crítica es la solicitud de 25 mil hectáreas de espacio marítimo por parte de una comunidad kawésqar en la provincia de Última Esperanza, a instancias de la Conadi.

A diferencia de la materia anterior, esta propuesta, fruto de siete años de estudios y elaboración, vivirá una instancia decisiva el día de hoy, ya que en este caso, el voto de la comisión sí es vinculante.

La iniciativa enfrenta fuertes críticas de diferentes sectores de la comunidad, incluida la industria acuícola, entre otros actores, que temen que su aprobación vaya en detrimento de la actividad afectando gravemente su desarrollo en la región.